
Argentina expulsó del país al máximo represante diplomático iraní en medio del conflicto
Actualidad02/04/2026
REDACCIÓNCancillería le dio 48 horas a Mohsen Soltani Tehrani después del duro comunicado de Teherán y llevó el vínculo a una ruptura abierta.

Las 48 horas ya empezaron a correr para Mohsen Soltani Tehrani, el encargado de negocios de Irán en la Argentina y, en los hechos, el máximo representante diplomático de ese país en Buenos Aires. La Cancillería lo declaró “persona non grata” y le ordenó abandonar el territorio nacional, una decisión que convirtió un cruce político en una escalada diplomática formal. No fue una protesta verbal ni una nota de desagrado: fue la medida más severa que un Estado puede tomar contra un diplomático sin romper relaciones.
El Gobierno justificó la expulsión como una respuesta directa al comunicado iraní difundido el día anterior. En ese texto, según la posición argentina, Teherán había formulado “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” contra el país y contra sus autoridades, después de que la Casa Rosada declarara organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Por eso, la decisión no debe leerse solo como una represalia política, sino como una contestación institucional a un choque que ya venía subiendo de tono.


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La novedad de este jueves está en que el conflicto dejó de moverse en el terreno de las condenas abstractas y pasó a tocar a una persona concreta, con nombre, cargo y plazo de salida. El comunicado argentino, citado por distintos medios, sostuvo que Soltani Tehrani “debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas” y encuadró la decisión en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la herramienta que habilita a un Estado receptor a expulsar a un representante extranjero. Ese paso le dio al episodio una densidad jurídica y diplomática mucho mayor que la de un simple intercambio de comunicados.
El trasfondo de la medida es la decisión argentina del 31 de marzo, cuando el Gobierno incorporó al CGRI al RePET y lo declaró organización terrorista. La Oficina del Presidente sostuvo entonces que la Argentina fue víctima de dos de los atentados más graves de su historia, los de la Embajada de Israel y la AMIA, y afirmó que investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia determinaron la participación de altos funcionarios iraníes y de operativos de la Guardia Revolucionaria en esos ataques. Con esa base, la administración de Javier Milei presentó la resolución como una deuda histórica con las víctimas y no como un gesto aislado de coyuntura.
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Teherán reaccionó con un tono igual de áspero. El comunicado iraní, difundido a través de su embajada en Uruguay y retomado por medios argentinos, calificó la decisión argentina como un “error estratégico” y un “insulto injustificable al pueblo iraní”, y advirtió que podía perjudicar seriamente las relaciones bilaterales. Además, acusó a Milei y al canciller argentino de haberse alineado con Estados Unidos e Israel en medio de la guerra que ya lleva más de un mes en Medio Oriente.
La respuesta argentina fue todavía más dura porque mezcló el comunicado reciente con un reclamo histórico. Cancillería sostuvo que las expresiones iraníes constituyen “una inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país y las sumó a la “persistente negativa” de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la causa AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición. Esa combinación llevó el cruce mucho más allá del conflicto actual en Medio Oriente: volvió a colocar en el centro una deuda judicial que en Buenos Aires nunca dejó de pesar.
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También hay un elemento político más amplio que ayuda a entender la decisión. La declaración del CGRI como organización terrorista alineó a la Argentina con la política que ya sostenían Estados Unidos y otros aliados occidentales, y Reuters la leyó como una señal de acercamiento aún más firme de Milei a ese bloque. La expulsión del enviado iraní profundiza esa línea y confirma que la Casa Rosada ya no busca moverse en una zona ambigua frente a Teherán, sino en una de confrontación abierta.
Esa escalada, además, no empezó esta semana. En enero de 2026, la administración libertaria ya había declarado terrorista a la Fuerza Quds, una división de la propia Guardia Revolucionaria, y había incluido en el RePET a trece individuos vinculados a esa estructura. Lo de ahora, sin embargo, es un salto mayor: ya no se trata de una unidad específica ni de un listado financiero, sino del desplazamiento del principal referente diplomático iraní en el país.
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La consecuencia inmediata está clara: la representación iraní queda golpeada y el vínculo bilateral entra en un nivel de tensión mucho más alto. Lo que sigue abierto es el costo real de esa decisión sobre la relación entre ambos Estados y sobre la disputa diplomática que el Gobierno argentino decidió endurecer en plena crisis regional. La expulsión ya está ejecutada en términos políticos; lo pendiente es medir hasta dónde llega esa ruptura cuando se cumpla el reloj de las 48 horas.
Fuente: LA NACION, Infobae, TN, Argentina.gob.ar, Reuters.
















