Funcionarios accedieron a créditos millonarios mientras el acceso se achica

El acceso al crédito hipotecario en la Argentina vuelve a quedar en el centro de la escena, pero no por su expansión. Esta vez, la discusión gira en torno a quiénes logran acceder a esos préstamos y en qué condiciones, luego de conocerse que funcionarios y legisladores oficialistas obtuvieron financiamiento por montos elevados.

Los datos surgieron de la Central de Deudores del Banco Central y dejaron al descubierto operaciones que, en algunos casos, alcanzan el equivalente a 350 mil dólares. Se trata de créditos otorgados por el Banco Nación, una entidad clave en el sistema financiero local, especialmente entre quienes perciben ingresos del sector público.

Dentro de ese universo aparecen nombres vinculados directamente a la gestión económica. Entre ellos, Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE, ambos con préstamos en los valores más altos registrados.

En un segundo escalón se ubica Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con un crédito cercano a los 276 mil dólares. También figuran Emiliano Mongilardi, director de YPF, con más de 200 mil dólares, y Juan Pablo Carreira, con un monto cercano a los 77 mil.

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El listado no se limita al Poder Ejecutivo. También incluye a legisladores oficialistas como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, cuyos créditos se ubican entre los 200 mil y 240 mil dólares, junto a otros casos que rondan los 145 mil.

Desde el Banco Nación rechazaron cualquier irregularidad y aseguraron que los préstamos se otorgaron bajo las mismas condiciones que se aplican a cualquier cliente. Según explicaron, el sistema de evaluación de ingresos y capacidad de pago —conocido como scoring— no presentó excepciones.

En ese sentido, remarcaron que la entidad concentra una parte significativa del crédito hipotecario en el país, en gran medida porque administra cuentas sueldo de empleados estatales. Ese vínculo facilita el análisis financiero y la relación crediticia con ese segmento.

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Sin embargo, el trasfondo del tema expone una tensión más amplia. Mientras un grupo reducido accede a financiamiento en dólares o montos equivalentes, el crédito hipotecario sigue siendo inaccesible para gran parte de la población, en un contexto de tasas altas e ingresos deteriorados.

La discusión también alcanza a los mecanismos de control. Desde distintos sectores se planteó la necesidad de conocer si existieron condiciones especiales o posibles conflictos de interés, y si organismos como la SIGEN intervinieron en la supervisión de estas operaciones.

En paralelo, el Banco Central quedó en la mira por su rol en la detección de eventuales irregularidades vinculadas a personas políticamente expuestas. La información, aunque pública, abrió interrogantes sobre los criterios de transparencia y equidad en el acceso al financiamiento.

El caso deja planteada una pregunta más profunda: quiénes están hoy en condiciones reales de acceder a una vivienda a través del crédito, en un sistema donde las oportunidades parecen concentrarse en sectores con mayor estabilidad y cercanía al Estado.