Puerto frenado y polémica: el rechazo a controles por alcohol desata un conflicto en Caleta Paula

La actividad en Caleta Paula atraviesa horas de fuerte tensión tras un conflicto que combina reclamos salariales, condiciones laborales y un punto crítico que terminó por escalar la disputa: los controles de alcoholemia y salud en el ingreso al puerto.

El detonante fue la difusión de un video de cámaras de seguridad que rápidamente circuló en el ámbito portuario. En las imágenes se observa cómo delegados permitieron el ingreso a un trabajador que había dado positivo en un test de alcoholemia, lo que generó una reacción inmediata del sector empresario.

A partir de ese episodio, la discusión dejó de estar limitada a la negociación salarial y pasó a centrarse en las condiciones de seguridad dentro del puerto. Desde las empresas advierten que operar maquinaria pesada o manipular cargas en ese estado implica un riesgo concreto para la vida de los trabajadores.

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“Es la primera vez que vemos a un sindicato defender la droga y el alcohol”, señalaron representantes del sector pesquero, al cuestionar la postura de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que rechazó los controles obligatorios.

El trasfondo del conflicto está vinculado a un aumento salarial del 15% acordado en paritarias. Las empresas condicionaron el pago de ese incremento a la realización de exámenes médicos y de alcoholemia, algo que el gremio considera inadmisible.

Desde la FEPA sostienen que esas medidas son discriminatorias y vulneran la ley de salud mental, por lo que instruyeron a los trabajadores a no someterse a los controles. Esa decisión profundizó la tensión y dejó paralizadas parte de las operaciones.

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Sin embargo, no todos los sectores adoptaron la misma postura. Trabajadores de otras áreas, como guincheros, capataces y personal de banquina chica, ya accedieron a realizarse los estudios y comenzaron a percibir el aumento, lo que evidencia una división dentro de la actividad.

El argumento empresarial se apoya también en estadísticas oficiales. La actividad pesquera figura entre las de mayor riesgo laboral, con altos índices de siniestralidad. En ese contexto, sostienen que exigir condiciones básicas como el ingreso sin consumo de alcohol o drogas no es una medida excepcional, sino un estándar mínimo de seguridad.

En paralelo, emerge otro conflicto que complejiza aún más el escenario. Desde el sector empresario denuncian la existencia de un sistema informal conocido como “la plástica”, que implicaría el alquiler de credenciales habilitantes para trabajar en el puerto.

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Según indican, los controles más estrictos estarían dejando al descubierto irregularidades en el padrón laboral, con niveles de asistencia que no coinciden con la cantidad de credenciales en circulación. Esto, aseguran, explicaría parte de la resistencia a implementar mayores controles.

La disputa ya trascendió lo estrictamente gremial y se instaló como un debate más amplio sobre los límites entre derechos laborales y condiciones de seguridad. En ese marco, la negativa a realizar controles preventivos aparece como uno de los puntos más sensibles.

Mientras tanto, la actividad sigue afectada y no hay señales claras de resolución inmediata. El conflicto expone tensiones profundas dentro del sector y deja en evidencia la dificultad de conciliar reclamos salariales con exigencias vinculadas a la seguridad en un entorno de alto riesgo.