El robo de cobre golpea a las petroleras y deja a la producción bajo amenaza

El robo de cables volvió a crecer en yacimientos y centros de distribución, empujado por el precio del cobre ilegal y sin freno visible en la zona.

Las petroleras volvieron a chocar con un problema que ya dejó de ser un hecho aislado en los yacimientos. El robo de cables creció en las últimas semanas en sectores cercanos a la ciudad y también en los Centros de Distribución Regional, con un impacto directo sobre la operatividad de las empresas. A esta altura, el daño ya no se mide solo por el valor de lo sustraído, sino por la fragilidad que expone en una infraestructura central para la economía regional.

El punto más delicado aparece en la combinación de dos datos que se potencian entre sí. Por un lado, las compañías incrementaron de manera notoria el gasto en vigilancia privada y dispositivos de protección; por el otro, esa inversión todavía no alcanza para detener una secuencia de delitos que sigue golpeando la producción. La escena deja una conclusión incómoda para el sector: el dinero destinado a blindar instalaciones no logró clausurar un circuito que encontró nuevas formas de persistir.

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Detrás de esa escalada hay una motivación económica concreta y brutalmente simple. El kilo de cable de cobre se paga en el mercado negro a unos 17.000 pesos, una cifra que convirtió al material en un botín de alta rentabilidad para quienes ingresan a instalaciones de media y alta tensión. Ese valor, además, empuja a los delincuentes a asumir riesgos cada vez mayores porque la ganancia compensa la exposición y sostiene un negocio clandestino que no deja de moverse.

La lógica del delito encuentra fuerza en esa cadena de reventa y no solo en el momento del robo. Cada tramo de cable arrancado de una instalación petrolera vale por lo que interrumpe en el terreno, pero también por la velocidad con la que puede ingresar al circuito ilegal de comercialización. Por eso el problema dejó de ser únicamente policial y pasó a rozar de lleno la discusión sobre controles, trazabilidad y puntos de acopio.

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En la zona, la preocupación creció porque los ataques impactan de lleno en los niveles de producción. Cada episodio altera el funcionamiento normal de instalaciones estratégicas y obliga a redestinar recursos a tareas de reposición, custodia y contingencia. La industria convive así con una presión adicional que encarece la operación y expone la vulnerabilidad de áreas sensibles aun cuando ya estaban bajo vigilancia reforzada. 

El dato que termina de completar el cuadro es que, al menos en relación con los últimos incidentes en la zona de CDR, no se informaron aprehensiones ni detenidos. Esa ausencia de resultados visibles aparece en simultáneo con la decisión policial de intentar frenar los ataques y con la evaluación de profundizar la investigación sobre centros de acopio y compradores de cobre. El problema, entonces, no se agota en la sustracción del material: también toca la capacidad real de desarmar la estructura que lo recibe y lo transforma en dinero.

La pesquisa sobre quienes compran cobre en la zona asoma como uno de los puntos más sensibles de esta etapa. Mientras exista un mercado dispuesto a absorber material sin certificar origen, el robo seguirá encontrando incentivo económico y salida comercial. Ese dato empuja la discusión hacia un terreno más incómodo, porque obliga a mirar no solo al ladrón que corta el cable, sino al engranaje que hace rentable el delito.

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En el lenguaje informal del mercado ilegal, al cobre ya lo nombran como “oro rojo”, una expresión que sintetiza mejor que ninguna otra la magnitud del negocio. Ese apodo no tiene nada de pintoresco cuando se lo baja a tierra: detrás de cada tramo sustraído aparece una pérdida económica, una amenaza operativa y una señal de que la infraestructura energética quedó expuesta a una dinámica criminal persistente. El crecimiento de ese circuito, lejos de agotarse, encontró un combustible extra en el valor que hoy tiene el material robado.

La producción recibe el golpe en el momento más visible, pero el daño arranca antes, en la facilidad con la que el cobre encuentra comprador, y sigue después, en la reposición y en el costo creciente de proteger instalaciones que vuelven a ser atacadas. La amenaza no está solo en el próximo robo, sino en la persistencia de un negocio que todavía conserva precio, demanda y margen de maniobra.