Madryn: por qué las picadas clandestinas pueden salirles muy caras a todos los que participan

El operativo en Puerto Madryn no apuntó sólo a motos y autos con irregularidades. Tránsito advirtió que la sola participación en esas corridas ya habilita sanciones.

El operativo montado el viernes contra las picadas clandestinas en Puerto Madryn dejó una discusión que va bastante más allá del secuestro de motos y autos. Lo que el municipio empezó a marcar con más fuerza es que el problema no se agota en una alcoholemia positiva, en una falta de papeles o en una modificación mecánica fuera de regla. Para Tránsito y Transporte, el núcleo de la infracción está en otro lado: participar de un evento ilegal que compromete la seguridad pública ya coloca a cada involucrado dentro de un escenario sancionable.

Ese enfoque fue desarrollado por el titular del área, Néstor Siri, al explicar por qué el procedimiento no debe leerse sólo como una suma de actas individuales. Según dijo, cada vehículo puede cargar con faltas propias, pero el bien jurídico que se busca proteger es más amplio y colectivo. Por eso remarcó: “Ya el solo hecho de participar activo o de manera como público en un evento de esta naturaleza, ya es pasible de multas o de infracciones”, una definición que corre el eje desde la conducta particular hacia el riesgo general que implica la corrida misma.

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La consecuencia práctica de ese criterio es fuerte, porque amplía el alcance del castigo posible. Siri explicó que incluso en un caso hipotético donde un auto o una moto tuviera toda la documentación en regla, igual podría ser sancionado por haber formado parte de una actividad no permitida en la vía pública. “Tienen una multa por participar, pero además por cada situación particular en que no estén ajustados a derecho”, señaló, dejando en claro que la infracción general y las específicas pueden acumularse sobre una misma persona.

Ese razonamiento se apoya en una lectura de la ley de tránsito y también en la dimensión pública del riesgo. Siri recordó que el artículo 48 prohíbe este tipo de eventos porque no sólo exponen a quienes corren o miran, sino a cualquier transeúnte que se cruce con la situación en una ruta o calle abierta. A eso sumó otra posible derivación, al mencionar que la intervención judicial podría también mirar el hecho desde el código contravencional o de convivencia, justamente porque lo que se pone en juego no es una travesura privada sino un cuadro de amenaza sobre la circulación y la seguridad de terceros.

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En el operativo, esa lógica general se tradujo en números concretos dentro del ejido municipal. El área de Tránsito registró 29 motos con participación “activa, directa o indirecta” en el evento y 7 vehículos, mientras que la estimación previa durante la vigilancia hablaba de una presencia bastante mayor, con alrededor de 100 vehículos y unas 150 personas en el lugar. Siri aclaró que, por tratarse de una maniobra nocturna y en un contexto dinámico, no puede cerrarse una cifra exacta sobre todos los presentes, pero sí insistió en que lo controlado fue apenas una parte de una concentración más grande.

La entrevista también dejó en claro que el municipio no encabezó en soledad la intervención. Siri describió el procedimiento como un trabajo coordinado por la Policía, la Unidad Regional y la Seccional Segunda, mientras que Tránsito aportó recursos, personal y experiencia sobre control vehicular dentro del ejido local. En ese marco, destacó que la parte final del operativo pudo resolverse con rapidez gracias al conocimiento técnico del área municipal y calificó el resultado como “brillante de parte del policía”, aunque insistió en que la evaluación positiva corresponde al trabajo conjunto.

Otro punto relevante de su exposición fue la idea de prevención. Siri encuadró la intervención dentro de una política que busca actuar antes de que aparezcan consecuencias irreversibles, una línea que atribuyó también al criterio del intendente. “Lo que se busca acá es hacer algo a tiempo”, sostuvo, y a partir de ahí vinculó las picadas ilegales con la posibilidad de tragedias evitables, sobre todo cuando aparecen motos y autos modificados, ausencia de medidas de seguridad y circulación en espacios donde puede haber peatones, observadores o tránsito ocasional ajeno al evento.

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En ese sentido, Siri introdujo una comparación que también funciona como reproche. Dijo que quienes sienten afinidad por esta actividad podrían haber elegido el camino de la legalidad, gestionando permisos, organizando condiciones de seguridad y articulando con instituciones ya existentes. Mencionó de manera expresa al Automoto Club Puerto Madryn, que organiza picadas legales, y sostuvo que ese podría haber sido “el camino más certero” para quienes quisieran correr sin quedar al margen de la ley. La diferencia, remarcó, es que acá hubo una elección deliberada por la clandestinidad.

Esa elección es la que, para el municipio, justifica que ahora se desplieguen recursos públicos en una tarea que no debería existir si los organizadores hubieran optado por encuadrarse. Siri fue directo al describir ese costo institucional: estas maniobras obligan a destinar personal y medios que podrían estar cumpliendo otras funciones de control. El mensaje final de su intervención, en ese punto, fue nítido: mientras haya quienes persistan en organizarse fuera de toda autorización, la respuesta estatal será seguir desplegando acciones para que esas prácticas se corten antes de que terminen en una desgracia mayor.