El hombre tenía 38 años, una captura internacional de Interpol y una acusación por un fraude cometido en San Petersburgo en 2022.
La escena final de la causa ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”. Hasta allí llegó una comisión de Interpol-Moscú en un vuelo de Turkish Airlines y recibió de manos de la Policía Federal Argentina a un ciudadano ruso de 38 años que era reclamado por la Justicia de su país. Ese tramo del procedimiento cerró en territorio argentino un expediente que había empezado varios años antes, lejos de Buenos Aires y bajo otro contexto.
El hombre tenía un pedido de captura internacional emitido por Interpol y estaba acusado del delito de “Estafa”. La acusación remite a un hecho ocurrido en 2022, en la ciudad de San Petersburgo, donde, según la publicación oficial, utilizó su cargo para robar una propiedad perteneciente a la empresa “Ferrocarriles de Rusia”. El monto señalado en la causa fue de 559 mil rublos, una cifra que aparece como uno de los datos centrales del expediente que motivó la extradición.
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Antes de quedar frente a los agentes rusos en Ezeiza, el acusado siguió un recorrido de escape que lo sacó de su país y terminó por traerlo a la Argentina. La secuencia oficial indica que en septiembre de ese mismo año salió del territorio ruso a través de un control de Mashtakovo, siguió viaje hacia Uralsk, en Kazajstán, y después arribó a nuestro país. Ese itinerario quedó incorporado como parte del relato que explica cómo un hecho investigado en Rusia terminó con intervención judicial y policial en Buenos Aires.
La entrega no se produjo después de una captura espectacular ni de un operativo de urgencia difundido desde la calle. El propio texto oficial indica que, “al verse acorralado”, el involucrado se entregó a las autoridades del territorio argentino, una decisión que cambió el rumbo del caso y abrió el tramo final del proceso. Desde ese momento, la discusión dejó de girar sobre su localización y pasó a concentrarse en las condiciones formales para concretar la extradición.
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Ese punto explica por qué la escena más visible del expediente ocurrió recién al final, en un aeropuerto y no en una dependencia judicial. Personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA fue el encargado de entregar al detenido a sus pares rusos, quienes asumieron la custodia para trasladarlo y ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de su país natal. La imagen pública del procedimiento quedó así asociada a una transferencia precisa entre fuerzas, más que a una detención dentro de la Argentina.
Detrás de ese movimiento hubo también una intervención judicial concreta en el país. La causa tramitó con participación del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, y de la Secretaría N°3, a cargo de Fiorella Cannellotto. Esa estructura fue la que dio marco local a una causa que, aunque nacida en Rusia, necesitó pasar por los carriles formales de la Justicia argentina para habilitar la entrega.
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El expediente muestra además una superposición de escalas que no suele aparecer en una sola imagen. Por un lado, una acusación económica puntual vinculada con una propiedad de “Ferrocarriles de Rusia”; por otro, una circulación internacional que pasó por San Petersburgo, Mashtakovo, Uralsk y finalmente Ezeiza. Esa combinación entre un presunto fraude, una salida del país de origen y una captura internacional explica por qué el caso terminó bajo la órbita de cooperación entre agencias de distintos Estados.
La edad del acusado, el tipo de imputación y el modo en que se desarrolló su salida de Rusia le dieron a la causa una fisonomía distinta de otros operativos federales locales. No hubo droga, armas ni allanamientos difundidos como escena principal, sino un trabajo de enlace entre pedido internacional, entrega voluntaria en la Argentina y traslado formal hacia otro país. El hecho de que la comisión receptora llegara especialmente a Ezeiza dejó en claro que el acto central del procedimiento era la restitución del detenido a la jurisdicción que lo reclamaba.
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Con la extradición ya concretada, el expediente dejó de estar bajo custodia operativa argentina y siguió su curso en la Federación de Rusia. La parte local del caso terminó cuando los agentes de Interpol-Moscú recibieron al acusado y asumieron su traslado para presentarlo ante la Justicia de su país. Lo que queda por delante ya no depende de Ezeiza ni de la PFA, sino del avance judicial que tenga en Rusia la acusación por “Estafa” que originó toda la secuencia.
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