Karina Milei ata la suerte de Adorni a una interna que arrastra al Gobierno

La protección política del funcionario ya abrió ruido libertario, dejó expuesto el mando de Karina y complica la defensa oficial en plena fragilidad.

La continuidad de Manuel Adorni dentro del esquema libertario ya dejó de leerse como una simple decisión administrativa y pasó a funcionar como una señal de poder hacia adentro del Gobierno. Su permanencia no se sostiene en una absolución política ni en un cierre del frente judicial, sino en la decisión de Karina Milei de mantenerlo bajo resguardo aun cuando el costo público sube. Ese respaldo, lejos de ordenar, empezó a exhibir con más nitidez quién define hasta dónde llega la protección en la cúpula oficial.

Ese dato impacta en un momento delicado porque el desgaste del funcionario dejó de ser un murmullo aislado y empezó a filtrarse entre dirigentes, militantes y figuras cercanas al oficialismo. El episodio más visible fue la embestida de Nicolás Márquez, amigo y biógrafo del Presidente, que lo calificó de “mitómano” y pidió su salida. La escena quedó todavía más expuesta cuando Patricia Bullrich, una de las pocas que deslizó alguna crítica, optó por correrse rápido y bajar el tono para no profundizar la pelea que arrastra con Karina desde su avance en el Senado.

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Dentro de ese clima, Adorni aparece atado a una lógica más defensiva que expansiva. En la Casa Rosada admiten que su supervivencia política depende de esa cercanía con “El Jefe”, porque fuera de ese paraguas el horizonte se le angosta de manera brusca. El antecedente de José Luis Espert, citado en el propio texto fuente como una referencia que circula en el poder, actúa además como recordatorio de lo rápido que puede cambiar la posición de un dirigente cuando pierde centralidad y cobertura.

La preocupación no nace de una sola sospecha sino de una acumulación de situaciones patrimoniales que la Justicia empezó a revisar y que el Gobierno no logró despejar con claridad. En la investigación aparecen hipotecas de dos jubiladas para comprar un departamento, una casa en un country a nombre de su esposa que no figuraba en la Oficina Anticorrupción, un viaje familiar a Punta del Este en un vuelo privado de pago difuso y vacaciones en Aruba abonadas con dólar billete. A eso se sumó el pedido de información por el viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial y la decisión del juez Ariel Lijo de avanzar con el levantamiento del secreto bancario y fiscal.

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El problema para la administración libertaria es que ese expediente no se recorta sobre un funcionario cualquiera, sino sobre una figura que durante la campaña quedó asociada a la demolición discursiva de “la casta”. Allí aparece otra capa del conflicto: el contraste entre la prédica oficial y los movimientos que ahora salen a la luz. La causa judicial reveló que el portavoz compartía antes de llegar al poder una productora con Marcelo Grandio, vinculada al financiamiento de programas en la TV Pública, y que esa misma empresa recibió cinco contratos con pauta estatal después de su desembarco en la Rosada.

Ese cruce entre discurso y práctica erosiona una de las bases narrativas del mileísmo. El Presidente volvió a reivindicar hace pocos días “la moral como política de Estado” y remarcó que “mentir está mal, estafar está mal, robar está mal. Nunca vamos a hacer eso”. Sobre ese telón de fondo, el caso Adorni dejó de ser un problema individual para transformarse en una prueba incómoda sobre la consistencia ética que el propio oficialismo buscó convertir en marca de época.

Pese a eso, la reacción de la cúpula fue blindarlo con gestos políticos visibles. Adorni apareció en actos, viajó con Karina, ocupó lugares de centralidad junto a ministros y recibió una defensa indirecta cuando Martín Menem anticipó que será “picante” el informe que debe dar el 29 de este mes en Diputados. Ese movimiento muestra que el Gobierno no eligió tomar distancia del funcionario, sino convertir su defensa en una pulseada de autoridad frente a la oposición y frente a sus propias grietas internas.

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La dificultad para sostener esa estrategia crece porque el escándalo judicial coincide con un deterioro económico que reduce el margen de maniobra. Javier Milei definió como “malo” el índice de inflación de marzo, del 3,4%, y luego dijo que le “repugna”, aunque evitó insinuar correcciones de rumbo. La suba del costo de vida, la caída de ingresos, el empleo resentido y el consumo en retroceso forman un cuadro que vuelve más pesado cada conflicto político y le quita aire a una gestión que hasta hace poco descansaba en la expectativa social como principal sostén.

Sobre ese terreno también se empiezan a notar límites concretos de administración. El texto fuente menciona la paralización de la asistencia del PAMI a jubilados, la disputa por el financiamiento educativo y la necesidad del Ministerio de Economía de apurar revisiones con el FMI para obtener recursos frescos, mientras busca garantías adicionales con el Banco Mundial y el BID. Con un riesgo país en torno de los 500 puntos, el oficialismo enfrenta así una combinación incómoda: escándalo judicial, presión económica y escasez de voces capaces de defender con eficacia el relato libertario.