El mapa laboral argentino muestra un deterioro extendido y con pocas excepciones. En el último año, la caída del empleo formal privado se consolidó en casi todo el país, con números que reflejan una retracción sostenida y un cambio en la forma de inserción laboral.
De acuerdo a datos oficiales, se perdieron 94.189 puestos de trabajo en el sector privado asalariado formal. La cantidad de trabajadores pasó de más de 6,29 millones a poco más de 6,19 millones en un año, marcando una diferencia clara entre altas y bajas en el sistema.
El dato más llamativo es la distribución territorial de esa caída. Solo cuatro provincias lograron generar empleo en ese período, sobre un total de 24 jurisdicciones. En conjunto, esas provincias apenas sumaron 8.005 puestos, muy por debajo de las pérdidas registradas en el resto del país.
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Entre las que mostraron crecimiento aparecen Río Negro y Neuquén, impulsadas principalmente por el desarrollo del petróleo y el gas. También se sumaron San Juan y Santiago del Estero, aunque con incrementos más modestos.
El resto del país tuvo un comportamiento negativo. Incluso provincias vinculadas a sectores dinámicos, como el agro o el litio, no lograron sostener el nivel de empleo formal.
En términos absolutos, las mayores pérdidas se concentraron en los distritos más poblados. Buenos Aires encabezó la caída con más de 23.000 empleos menos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una cifra similar.
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Detrás de esos grandes centros urbanos aparece Chubut, que perdió 6.455 puestos de trabajo registrados en el sector privado, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas del país.
También registraron caídas significativas provincias como Mendoza y Santa Cruz, lo que confirma que el fenómeno se extiende a distintas regiones y matrices productivas.
Más allá de la pérdida en sí, otro aspecto que genera preocupación es el destino de quienes quedaron fuera del sistema formal. Los datos muestran que gran parte de esos trabajadores no logró reinsertarse en empleos registrados.
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El crecimiento del monotributo aparece como una de las salidas más frecuentes. En el mismo período, esa modalidad sumó más de 93.000 personas, compensando parcialmente la caída en otras categorías.
Sin embargo, ese cambio implica una transformación en la calidad del empleo. El paso hacia esquemas independientes o informales reduce el acceso a derechos laborales, cobertura de salud y aportes jubilatorios.
En paralelo, la informalidad también mostró un aumento. Las últimas estadísticas disponibles indican que creció la cantidad de trabajadores en negro, lo que refuerza la idea de un mercado laboral más precario.
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En ese contexto, el empleo registrado sigue en retroceso, mientras que otras formas de inserción laboral absorben parte de la caída, aunque con menores niveles de protección.
El escenario plantea un desafío complejo para el corto plazo, con una economía que todavía no logra generar empleo formal de manera sostenida y con una tendencia que impacta de forma desigual según la región.
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