El aumento en el gas que piden las petroleras sería muy duro para el bolsillo y afectaría la inflación
Actualidad20/04/2026
REDACCIÓNLas petroleras piden hasta 10 dólares por millón de BTU para cubrir los picos de frío, y el Gobierno define cuánto de esa suba dejará pasar a las facturas.
El invierno todavía no empezó, pero la discusión por el precio del gas ya se metió de lleno en el tablero económico del Gobierno. Lo que hoy se negocia entre productoras, distribuidoras y funcionarios no es un ajuste menor, sino el valor que tendrá el abastecimiento en los meses de mayor consumo y cuánto de ese costo terminará impactando en los hogares. En un momento en que la gestión de Javier Milei busca mostrar una desaceleración inflacionaria, la energía volvió a convertirse en una variable incómoda.
La tensión aparece en un número concreto. Según el texto fuente, las petroleras pretenden cobrar hasta 10 dólares por millón de BTU en contratos de corta duración para cubrir la demanda de los días más fríos. Ese valor queda muy por encima de los 3,80 dólares que hoy se reconocen en la estructura de costos y abre una diferencia demasiado grande como para pasar inadvertida en las boletas y en el índice de precios.
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La explicación empresaria apunta al carácter estacional del problema. Para las productoras, garantizar gas durante un período de 60 o 90 días exige cubrir un costo de oportunidad y una logística más exigente que la del suministro regular. Desde esa lógica, el valor pedido para el invierno no responde a una simple pulseada comercial, sino a la necesidad de poner precio a un abastecimiento concentrado en el tramo más sensible del año.
Del lado oficial, el cálculo es otro y está atravesado por el efecto inflacionario de cualquier decisión. El equipo económico que conduce Luis Caputo evalúa cuánto puede convalidar sin trasladar un golpe directo al bolsillo en el segundo trimestre. Si el precio de invierno entra completo en la factura, el alivio que el Gobierno intenta mostrar sobre el IPC puede quedar bajo presión en uno de los capítulos que más rápido se siente en la economía doméstica.
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La negociación, además, no se limita al valor del gas en sí mismo. El punto más delicado pasa por el mecanismo de “pass through”, es decir, el traslado directo del precio a tarifa. Las distribuidoras, entre ellas Metrogas, Naturgy y Camuzzi, advierten que no firmarán contratos caros si Enargas no les garantiza que esos montos tendrán cobertura en las facturas, porque de otro modo quedarían expuestas a un “desfasaje financiero” difícil de absorber.
En ese terreno, la Secretaría de Energía que encabeza María Tettamanti estudia una salida intermedia. La alternativa bajo análisis ubica el precio de “boca de pozo” cerca de los 6 dólares, bastante por debajo de la pretensión de las productoras, y dejaría la diferencia pendiente para algún mecanismo futuro. Ese esquema ya tuvo antecedentes en la Argentina y permite ganar tiempo político, aunque no elimina el problema de fondo.
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La discusión se vuelve todavía más áspera por un dato que parece contradictorio a primera vista. Vaca Muerta sigue batiendo récords de producción, pero el sistema arrastra límites en el transporte y conserva la necesidad de importar GNL para cubrir los picos de demanda. Esa combinación evita que el mayor volumen extraído se traduzca automáticamente en un invierno más barato para los usuarios residenciales.
A eso se suman costos logísticos que empujan la cuenta hacia arriba. La intervención del Enargas priorizó la reasignación de capacidad en los gasoductos, pero esa decisión obligó a algunas distribuidoras a contratar transporte en dólares. El resultado es un encarecimiento adicional para llevar el gas hacia los grandes centros urbanos justo cuando la negociación intenta evitar que el precio final se dispare.
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Así quedó planteada una “manta corta” que el Gobierno no puede esquivar. Si acepta el precio que piden las petroleras para asegurar oferta e incentivar inversión, las tarifas corren el riesgo de volverse demasiado pesadas para una porción amplia de usuarios. Si decide sostener un valor más bajo para amortiguar el impacto social, deberá volver a intervenir con subsidios millonarios o asumir la posibilidad de tensiones en el abastecimiento si las productoras privilegian mercados más rentables.
El calendario también aprieta. El 30 de abril es la fecha límite para presentar los contratos ante el ente regulador, de modo que la definición política ya no admite demasiadas vueltas. Antes de que llegue el frío más duro, la Casa Rosada tendrá que elegir entre la ortodoxia fiscal del traslado pleno a tarifa y un pragmatismo antiinflacionario que vuelva a diferir costos hacia adelante.
Ese dilema deja al sector energético en el centro de una negociación que excede a las empresas. Lo que se resuelva en estos días definirá si el invierno llega con un servicio estable, con subsidios reabiertos o con boletas más pesadas para los consumidores. La discusión por el gas, en definitiva, ya dejó de ser solo un asunto técnico: se transformó en una prueba concreta para el bolsillo y para la estrategia económica del Gobierno.
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