
La pericia a los celulares puede cambiar quién quedó señalado por la muerte de Ángel
Policiales20/04/2026
REDACCIÓNLa fiscalía revisa mensajes y datos de los teléfonos de la madre y el padrastro del nene, mientras crece la hipótesis de un giro en las imputaciones.

La investigación por la muerte de Ángel López entró en un tramo delicado porque la fiscalía ya no mira el caso con el mismo reparto de responsabilidades que había sostenido al comienzo. Este fin de semana se realiza la pericia sobre los teléfonos de Mariela Altamirano y Michael González, y ese contenido puede modificar quién quedó más comprometido como autor de la agresión fatal. Sobre esa base, el fiscal Cristian Olazábal puso en palabras una sospecha que cambia el centro del expediente: la madre del nene podría haber tenido un papel más grave del que se evaluó en un primer momento.
El dato no aparece aislado ni como una conjetura lanzada al aire. Durante una entrevista con Lorena Maciel en Radio con Vos, Olazábal explicó que el miércoles comenzó la extracción de datos informáticos de los celulares de ambos acusados y dejó abierta la posibilidad de un giro procesal. “El fin de semana vamos a analizar qué surgen de esas comunicaciones, yo creo que puede haber variaciones en el caso”, señaló el fiscal al describir la expectativa con la que esperan esa prueba.


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Hasta ahora, la estructura de la acusación colocaba al padrastro como agresor principal y a la madre en un lugar de complicidad por omisión. Esa lectura quedó bajo revisión a partir de nuevos elementos reunidos en la causa, sobre todo después de una serie de testimonios que comenzaron a correr el eje sobre la conducta de Altamirano dentro del ámbito familiar. El cambio posible no es menor, porque altera la forma en que la fiscalía entiende el hecho y también la intensidad de la intervención que se le podría atribuir a cada imputado.
Olazábal fue explícito al describir esa posibilidad. “No sería sorpresivo que haya un cambio de roles o que pueda ser de mayor intensidad el hecho que estamos investigando”, afirmó al referirse a la situación procesal de los detenidos. Esa frase resume el momento actual del expediente: la pesquisa sigue abierta, pero el cuadro inicial dejó de ser firme y empezó a mostrar fisuras en el reparto original de responsabilidades.
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En ese corrimiento también pesa la aparición de testimonios sobre un historial de violencia atribuido a la madre respecto de su otro hijo. El fiscal explicó que la investigación reunió declaraciones que describen ese antecedente, aun cuando no existan registros previos semejantes vinculados de manera directa con Ángel. “Hemos recolectado testimonios que dan cuenta que con su otro hijo habría ejercido actos de violencia”, precisó, incorporando un dato que refuerza la revisión de la hipótesis inicial.
La autopsia, al mismo tiempo, consolidó el punto más severo del caso y le dio un respaldo material a la investigación. El informe preliminar determinó que Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una agresión física y estableció que la muerte fue consecuencia directa de ese ataque. Esa evidencia forense no identifica por sí sola quién ejecutó los golpes, pero sí terminó de cerrar cualquier margen para interpretar el fallecimiento como un episodio ajeno a una violencia extrema.
Por eso la pericia sobre los teléfonos adquiere tanto peso en esta etapa. La fiscalía espera encontrar en las comunicaciones, en los intercambios y en los datos extraídos algún indicio que permita ordenar conductas, tiempos y posibles responsabilidades en las horas previas al crimen. El expediente, de hecho, viene siendo construido sin una prueba directa del momento de la agresión, lo que obliga a enlazar peritajes, testimonios y rastros tecnológicos para sostener la acusación.
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El propio Olazábal describió esa limitación con una definición que explica el método de trabajo de la causa. “Construimos este caso en base a indicios porque no tenemos prueba directa. Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”, sostuvo. En esa frase conviven dos cosas al mismo tiempo: la firmeza del material ya reunido y el margen de incertidumbre que todavía persiste sobre quién descargó la violencia que terminó matando al nene.
Mariela Altamirano y Michael González fueron detenidos el domingo 12 de abril, imputados dos días después y alcanzados por una prisión preventiva de seis meses. Esa situación procesal asegura, por ahora, la continuidad de la investigación con ambos bajo detención, pero no congela la forma en que el caso puede ser leído por la fiscalía. El fin de semana, cuando se conozca qué aportan los celulares, puede quedar mejor definido si la acusación mantiene su esquema inicial o si la muerte de Ángel obliga a reescribir el mapa de responsabilidades dentro del expediente.















