Economía podrá subir o bajar el recargo al gas que sostiene la Zona Fría

Actualidad20/04/2026

El decreto le entrega al Ministerio la potestad de subir o bajar hasta 50% el recargo que pagan todos los usuarios para financiar descuentos residenciales.

La factura de gas acaba de sumar un dato político que pesa más de lo que parece a simple vista. Desde ahora, el Ministerio de Economía podrá mover por sí mismo el recargo que alimenta el fondo con el que se financian los subsidios residenciales, entre ellos los descuentos del régimen de Zona Fría. La decisión no cambia de inmediato el porcentaje que pagan los usuarios, pero sí concentra en una sola cartera una palanca sensible del esquema tarifario.

El cambio quedó formalizado en el Decreto 266/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se faculta a Economía a “aumentar o disminuir” hasta en un 50% el nivel del recargo previsto en el artículo 75 de la Ley 25.565, con las modalidades que considere pertinentes. Hasta esta modificación, esa atribución estaba reservada formalmente al Poder Ejecutivo.

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Ese recargo no es un detalle marginal del sistema. La norma recuerda que hoy puede llegar hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y que se aplica sobre la totalidad de los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes o ductos en el país, sin importar el uso final. En otras palabras, se trata de un cargo extendido a todo el sistema para sostener beneficios focalizados sobre consumos residenciales en zonas alcanzadas por el régimen.

El efecto más relevante del decreto aparece en la velocidad de decisión que gana el Palacio de Hacienda. Si Economía resuelve usar todo el margen que ahora administra de forma directa, el recargo podría trepar desde 7,5% hasta 11,25%; si opta por reducirlo, también podrá hacerlo sin necesidad de una nueva intervención presidencial específica. La herramienta queda así alineada con una lógica de manejo más centralizado del frente energético y fiscal.

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La medida toca de lleno un fondo que tiene vigencia legal asegurada hasta el 31 de diciembre de 2031. Esa prórroga surge de la Ley 27.637, la misma que amplió el alcance territorial del régimen de Zona Fría y dejó definidos cuadros tarifarios diferenciales para usuarios residenciales de las regiones incorporadas. El decreto de este lunes no altera ese plazo ni borra esos beneficios, pero sí modifica quién administra una parte crucial de su financiamiento.

Ahí aparece el dato más concreto para la Patagonia y para el resto de las zonas alcanzadas por el esquema. La Ley 27.637 mantuvo descuentos equivalentes al 50% de los cuadros tarifarios plenos para las regiones históricas del régimen y fijó, para nuevas áreas incorporadas, beneficios equivalentes al 70% del cuadro tarifario pleno, con excepciones que también llevan la rebaja al 50% en casos de vulnerabilidad. El dinero que alimenta esa estructura sigue saliendo del mismo fondo, sólo que ahora el Ministerio de Economía gana control más directo sobre el cargo que lo nutre.

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El argumento que usó el Gobierno para hacer este corrimiento de facultades también deja ver el enfoque político del decreto. El texto sostiene que la delegación resulta necesaria “por razones operativas, y para una mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas” y agrega que el ejercicio de esa potestad “resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno”. No se trata, entonces, de una mera corrección técnica: la Casa Rosada la presenta como una pieza de administración central para su programa.

El mecanismo de recaudación tampoco cambia con esta modificación. La percepción y el autoconsumo del recargo seguirán declarándose e ingresándose a través de la ARCA, como ya preveía el régimen vigente. Eso significa que el Gobierno mantuvo intacta la vía de cobro, pero alteró el centro de gravedad de la decisión política sobre cuánto cobrar dentro del margen que permite la ley.

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El impacto inmediato no estará en una factura que mañana llegue automáticamente con otro número, sino en el poder que desde hoy acumula Economía para redefinir ese componente cuando lo considere necesario. La próxima discusión ya no pasará por si el Ministerio tiene o no la atribución para tocarlo, sino por cuándo decide usarla y con qué objetivo fiscal o tarifario. Ese es el verdadero movimiento que dejó este decreto sobre la mesa.

Fuente: NA, Boletín Oficial.