La causa por los pingüinos llegó al STJ y ya se define si la condena sigue firme

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut escuchó a la defensa, a la Fiscalía y a los querellantes en la causa contra Ricardo La Regina por daño agravado y maltrato animal en una zona sensible de Punta Clara, cerca de Punta Tombo.

La causa por el daño ambiental en una de las áreas más sensibles para la fauna de Chubut entró en una etapa decisiva. Este martes, el Superior Tribunal de Justicia abrió la instancia de deliberación después de escuchar los planteos de todas las partes en una audiencia de impugnación extraordinaria. El expediente pone otra vez en el centro un caso de fuerte impacto por las consecuencias atribuidas sobre una zona con alta concentración de nidos de pingüinos de Magallanes.

La audiencia se realizó en la Sala de Audiencias del STJ y giró alrededor del recurso impulsado por la defensa de Ricardo La Regina, condenado en primera instancia por daño agravado y maltrato animal. El caso se vincula con hechos ocurridos en Punta Clara, en las proximidades de Punta Tombo, un sector especialmente sensible por su valor ambiental. Con ese telón de fondo, el máximo tribunal provincial empezó a revisar si corresponde sostener o revertir lo ya resuelto en instancias anteriores.

El tribunal estuvo presidido por el doctor Javier Raidan y contó además con la participación de los ministros Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Camila Banfi y Mario Vivas. Frente a ellos se expusieron los argumentos de la defensa, del Ministerio Público Fiscal y de las querellas. La audiencia dejó así planteado el escenario completo antes de que los jueces pasen a tomar una decisión.

La defensa de La Regina, a cargo del abogado Federico Ruffa, concentró su estrategia en cuestionar la validez de la condena ya dictada. Durante la audiencia, el letrado fundamentó su impugnación extraordinaria y solicitó la revocación de la sentencia. En esa línea, pidió además la absolución de su asistido, buscando desarmar el criterio que ya había prevalecido en el juicio y luego en segunda instancia.

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Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal se mantuvo firme en la postura de sostener el fallo. Las fiscales Silvia Pereira y Florencia Gómez pidieron al alto tribunal que rechace el planteo de la defensa y confirme lo ya resuelto por el tribunal de juicio. También remarcaron que esa condena ya recibió el respaldo de la Cámara Penal de Trelew, que la ratificó en la revisión posterior.

La misma línea siguieron quienes intervienen como querellantes en el expediente. Los abogados Hernando Martin Moris, por la Fiscalía de Estado, y Eduardo Hualpa, en representación de organizaciones ambientalistas, reclamaron que la condena quede firme. Para ambas partes, el recurso presentado por la defensa no resulta admisible y no ofrece argumentos suficientes para modificar lo actuado hasta ahora.

El peso del caso no se limita a la discusión técnica sobre una sentencia penal. La causa tiene una dimensión pública mayor por el lugar donde ocurrieron los hechos investigados y por el impacto que el expediente adquirió desde el inicio. Punta Clara, por su cercanía con Punta Tombo y por la presencia de nidos de pingüinos de Magallanes, convirtió el proceso en una referencia ineludible cuando se discute protección ambiental en la provincia.

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Lo que quedó en debate ante el STJ no es un hecho aislado, sino la respuesta judicial frente a un caso que combina ambiente, fauna silvestre y responsabilidad penal. La revisión extraordinaria abrió una última instancia provincial para la defensa, pero también expuso la solidez con la que las otras partes buscaron sostener la condena. Por eso la audiencia no solo revisó argumentos jurídicos, sino que volvió a poner en tensión el alcance de la tutela judicial sobre áreas ecológicamente sensibles.

Después de escuchar a todos los expositores, los ministros iniciaron el proceso de deliberación. Desde ese momento, el expediente quedó en manos del máximo tribunal provincial, que ahora deberá resolver si confirma la condena o si hace lugar al pedido de la defensa. La expectativa pasa por conocer si el caso cerrará con una ratificación definitiva de lo resuelto en instancias anteriores o si el STJ abrirá un giro en una causa seguida de cerca por el ámbito judicial y ambiental.

La decisión todavía no tiene fecha pública, pero la audiencia dejó claro que la causa ya atraviesa uno de sus momentos más determinantes. Con la deliberación en marcha, el expediente por daño agravado y maltrato animal en Punta Clara quedó a la espera de un fallo que puede fijar un criterio de fuerte impacto para futuros casos ambientales en Chubut. Lo que resuelva el tribunal no solo definirá la situación de Ricardo La Regina, sino también el mensaje institucional frente a hechos que comprometen zonas de alto valor ecológico.