El bajo costo de "arruinar una vida" con falsas denuncias, entrevista a Carolina Losada

En una entrevista exclusiva con #LA17 en el programa "El Quinto Poder", la senadora Carolina Losada denunció que la falta de sanciones efectivas para las falsas denuncias está dejando a las víctimas reales a la intemperie. El proyecto busca elevar penas de prisión y actualizar montos económicos que hoy resultan irrisorios.

La brecha entre el daño causado por una acusación falsa y la respuesta del Estado es hoy un abismo administrativo. Carolina Losada reveló que las multas actuales para quienes mienten ante la justicia oscilan entre los “700 pesos a 12.000 pesos”, una cifra que no alcanza siquiera para cubrir los gastos mínimos de un proceso judicial. Según la senadora, esta "baratuta" delictiva permite que muchas personas utilicen al sistema como un arma de hostigamiento, sabiendo que la pena en expectativa de dos meses a un año de prisión no implica cárcel efectiva.

El objetivo central de la iniciativa legislativa es desincentivar la utilización maliciosa de las denuncias de género y abuso. Para Losada, el problema no es solo el escarnio público, sino la “dilapidación de los recursos del Estado” que se destinan a investigar hechos inexistentes mientras las verdaderas víctimas esperan protección. La legisladora sostiene que la saturación de los juzgados con causas fabricadas termina por "bastardear" la lucha legítima de las mujeres y niños que sufren violencia real en sus hogares.

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La protección de la infancia ocupa un lugar crítico en los argumentos de la senadora, quien mencionó los casos Cabrera y Guisoni como ejemplos de manipulación extrema. Durante la charla en #LA17, se describió el fenómeno de la “inducción de niños para que declaren contra sus padres”, un daño psicológico que persiste durante décadas. Losada relató cómo menores manipulados por sus progenitores crecen creyendo que fueron abusados, solo para descubrir la verdad años después, cuando el vínculo con el padre ya fue destruido por el paso del tiempo y la cárcel.

Ante las críticas que sugieren que esta ley podría amedrentar a quienes sufren violencia, la senadora fue técnica y contundente en su explicación. Aclaró que la absolución de un acusado por falta de pruebas no convierte a la denunciante en una criminal; para que exista una sanción por falsa denuncia, se debe probar el “dolo directo”. Esto implica demostrar en un juicio nuevo que la persona mintió “a sabiendas y con el objetivo de lastimar”, garantizando que el margen de error o la duda siempre favorezcan a quien busca justicia de buena fe.

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El análisis de la senadora sobre el clima social indica que el “péndulo se fue al otro extremo” y que es momento de buscar un equilibrio en la verdad. Como ex periodista, Losada recordó haber apoyado históricamente causas como Ni Una Menos, pero advirtió que el sistema judicial hoy funciona bajo una presión que a veces ignora la presunción de inocencia. El escarnio popular es tan violento que, según sus palabras, hay personas que terminan quitándose la vida al no poder soportar el señalamiento social por delitos que no cometieron.

La trayectoria del proyecto en el Congreso refleja, según Losada, una notable “falta de valentía política” para enfrentar temas incómodos. La iniciativa fue presentada originalmente en 2022 durante la gestión anterior y sufrió un persistente cajoneo por el temor de muchos legisladores a las represiones de colectivos y agrupaciones sociales. La senadora insistió en que su compromiso no se ve afectado por lo políticamente correcto, incluso cuando esto implica recibir ataques o amenazas por proponer debates que rompen el consenso superficial.

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En el ámbito personal, la legisladora compartió que ella misma fue blanco de una maniobra de este tipo cuando el año pasado la denunciaron falsamente por “torturas y tormentos”. Este ataque, que buscaba desacreditar las jornadas contra las falsas denuncias realizadas en el Senado, no logró frenar su actividad legislativa. Losada aseguró que, lejos de amedrentarse, estas situaciones refuerzan su convicción de que la justicia debe dejar de ser utilizada como una herramienta de revancha personal para recuperar su función de amparo real.

La decisión de avanzar con el proyecto se mantiene firme a pesar del costo político y las campañas de desprestigio que la senadora atribuye a quienes hacen un "negocio" del conflicto. Para la legisladora, la libertad de expresión y la valentía parlamentaria son las únicas vías para que los recursos de la justicia dejen de ser un desperdicio burocrático. El desafío ahora reside en el Senado, donde el debate pondrá a prueba si la política argentina está dispuesta a penalizar la mentira judicial o si prefiere mantener el sistema en su estado actual.