El plan para que una empresa privada maneje el agua de 14 millones de personas

Actualidad28/04/2026

El Gobierno oficializó el contrato de concesión por 30 años. Se venderá el 51% de la firma a un operador y el resto de las acciones cotizará en el mercado.

Inversores locales e internacionales podrán comprar una parte de la principal empresa de saneamiento del país a través del mercado de capitales. La decisión del Ejecutivo nacional busca atomizar la propiedad de AySA una vez que se concrete el desembarco de un socio mayoritario que aporte la experiencia técnica. Esta apertura bursátil pretende captar fondos frescos para financiar la expansión de una infraestructura que hoy muestra signos de agotamiento financiero y requiere una modernización urgente.

El esquema de privatización reserva al menos el 51% del paquete accionario para un socio que acredite capacidad técnica como operador estratégico. Este actor será el responsable directo de conducir la compañía y asegurar la prestación del servicio de agua y cloacas en la región metropolitana. El resto de las participaciones quedará disponible para la oferta pública, permitiendo que el Estado nacional se desprenda de la gestión cotidiana de la firma pero manteniendo un esquema de control compartido con el sector privado.

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La duración del nuevo contrato aprobado por la Resolución 543/2026 establece un horizonte temporal de 30 años de concesión. Existe además una cláusula que permite extender este vínculo por otra década adicional en caso de cumplimiento de los objetivos de inversión y expansión pautados en el pliego. Se busca con esto otorgar una previsibilidad jurídica que trascienda los ciclos políticos y asegure el retorno del capital para quienes decidan apostar por este proyecto de infraestructura hídrica.

Más de 14 millones de usuarios quedarán bajo la órbita de este nuevo manejo privado que abarcará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como al primer y segundo cordón del Conurbano. El Gobierno fundamenta esta movida en la necesidad de una “transformación de importancia refundacional” para un servicio que hoy resulta altamente deficitario para las arcas públicas. La meta principal consiste en que la gestión empresarial logre lo que el Estado no pudo en términos de eficiencia operativa y cobertura universal de saneamiento.

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El mapa de intervención del futuro concesionario incluye una lista extensa de 26 municipios bonaerenses, desde La Matanza y Lomas de Zamora hasta distritos como Pilar, Tigre y Quilmes. Cada una de estas localidades presenta realidades sociales y técnicas muy diversas que exigirán planes de obra diferenciados para garantizar la presión de agua y el tratamiento de residuos. La provisión de agua potable y los desagües cloacales en estas zonas son el eje central del pliego que ya fue validado oficialmente por las autoridades nacionales.

Una etapa de transición marcada por el ordenamiento interno se extenderá desde este año hasta finales de 2026. Durante este tiempo, la actual conducción de la empresa deberá ejecutar un Plan de Acción vigente para sanear las cuentas fiscales y reorientar la administración de los recursos humanos. Este paso previo es fundamental para que, al momento de la venta definitiva, la empresa no represente un lastre para el comprador ni para los futuros accionistas de la Bolsa.

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La verdadera transformación del sistema comenzará formalmente en enero de 2027 con la puesta en marcha del denominado “Primer Ciclo Tarifario”. Bajo este nuevo paradigma, el operador privado tendrá que demostrar resultados concretos en la expansión de la red de saneamiento para cumplir con las condiciones del contrato. Las metas de inversión serán monitoreadas bajo el nuevo control reglamentario que regirá la relación entre el Estado concedente y la empresa concesionaria durante las próximas décadas.

La transparencia del proceso se apoya en que el texto oficial regula con precisión los derechos y las obligaciones de todas las partes involucradas en la venta. El Gobierno argumentó que “con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, debía contarse con un Contrato de Concesión” que despejara cualquier duda técnica para los inversores. Esta hoja de ruta definida permite que los interesados conozcan de antemano el marco regulatorio que deberán respetar durante el largo plazo de la explotación.

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La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene ahora la luz verde definitiva para lanzar el pliego de licitación de alcance nacional e internacional. Se abre una etapa donde los grandes jugadores del mercado del agua empezarán a analizar la rentabilidad de un negocio masivo pero técnicamente complejo de operar. El éxito de la convocatoria determinará si el plan de privatización logra atraer al operador estratégico que el sistema de saneamiento argentino necesita para salir de la parálisis estatal.

Fuente: NA.