La desregulación inmobiliaria desata un choque frontal y pone en duda cómo se compran y venden propiedades
Actualidad29/04/2026
Sergio BustosEl anuncio de una reforma para desregular el mercado inmobiliario encendió una disputa que va mucho más allá de lo técnico. Lo que está en juego no es solo quién puede intermediar en la compra o alquiler de una propiedad, sino también cómo se garantizan las condiciones mínimas de seguridad para quienes realizan operaciones de alto valor económico.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, apunta a modificar reglas centrales del corretaje. Entre ellas, la posibilidad de eliminar o flexibilizar la matrícula obligatoria, una condición que hoy define quién puede ejercer la actividad. Ese punto se convirtió rápidamente en el eje de la tensión con los colegios profesionales, que salieron a rechazar la propuesta casi en bloque.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es abrir el mercado, reducir barreras de ingreso y fomentar la competencia. La idea es tratar al corretaje como un servicio comercial más, habilitando la participación de nuevos actores y permitiendo mayor libertad en la fijación de honorarios. Sin embargo, esa mirada encuentra resistencia en quienes defienden el carácter profesional de la actividad.
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Para los referentes del sector, el problema no es solo económico. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño, fue contundente al señalar que “no hay sustento jurídico”. Además, advirtió que “la organización de la actividad inmobiliaria es una competencia de las provincias y no fue delegada a la Nación”.
El impacto sobre los usuarios aparece como uno de los puntos más sensibles del debate. Según Liotto, “eliminar la matriculación permitiría el ingreso de personas no calificadas y expondría a los consumidores a errores, fraudes y prácticas abusivas”. La preocupación gira en torno a la pérdida de controles en operaciones que suelen involucrar ahorros de toda una vida.
Desde Rosario, la mirada es similar pero con foco en lo operativo. Iván Vrancich, del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, planteó que “eliminar la matriculación es una desprotección total”. En ese escenario, explicó, desaparecerían instancias de mediación y resolución de conflictos que hoy evitan llegar a la justicia, lo que podría aumentar la litigiosidad y la incertidumbre entre las partes.
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El argumento oficial sobre la posible baja de costos también quedó en el centro de la discusión. Desde el sector inmobiliario sostienen que los honorarios no son el principal componente de una operación. Nancy Vieitez, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, remarcó que los costos están más ligados a impuestos, cargas fiscales y financiamiento, lo que pone en duda que una mayor competencia logre abaratar el proceso.
Al mismo tiempo, advierten sobre un efecto contrario al esperado. Sin regulación, podrían aparecer intermediarios informales que operen sin controles y generen costos ocultos. Esa situación, lejos de simplificar el mercado, podría volverlo más opaco y menos confiable para compradores e inquilinos.
En paralelo, el debate también incluye la modernización del sistema. Algunos sectores reconocen la necesidad de incorporar tecnología y actualizar prácticas, pero insisten en que esos cambios deben ir acompañados de validaciones jurídicas y mecanismos de control. La digitalización, coinciden, no reemplaza la responsabilidad profesional en operaciones complejas.
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No todas las voces dentro del sector son de rechazo absoluto. Mariano García Malbrán, de CAMESI, planteó que el sistema necesita cambios y mayor dinamismo. Consideró que la apertura puede ser positiva si elimina barreras innecesarias, aunque advirtió que “el desafío es combinar competencia con responsabilidad”. Mientras el Gobierno prepara el envío del proyecto al Congreso, el escenario aparece marcado por la incertidumbre. La discusión no solo enfrenta modelos económicos distintos, sino también interpretaciones jurídicas y formas de entender el rol del Estado en el mercado inmobiliario.
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