ANDIS: Calvete se negó a declarar ante la Justicia por el presunto saqueo de fondos de Discapacidad
Policiales29/04/2026
REDACCIÓNEl empresario quedó señalado como operador externo de la ANDIS en una causa por desvíos millonarios, compras direccionadas y coimas a proveedoras.
Miguel Ángel Calvete tuvo este miércoles la posibilidad de responder ante la Justicia por una acusación que lo ubica en el centro de una presunta maniobra de corrupción con fondos destinados a personas con discapacidad. El empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza, se negó a declarar durante una audiencia virtual ordenada por el juez federal Ariel Lijo. La causa investiga el desvío de más de 75 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad, durante la primera gestión libertaria del organismo.
La indagatoria se realizó por videoconferencia porque Calvete permanece alojado en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza y atraviesa algunos problemas de salud. En la audiencia estuvo acompañado por su abogado, Juan Ignacio Pascual, quien tampoco presentó un descargo escrito. La decisión de guardar silencio se dio dentro de una nueva ronda de declaraciones impulsada a partir de hechos agregados a la investigación.
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La acusación fiscal describe a Calvete como una figura sin cargo formal, pero con capacidad para intervenir en contrataciones públicas de la ANDIS. En el expediente aparece señalado como “jefe paraestatal” del organismo, una definición que apunta a su presunto poder de decisión fuera de la estructura oficial. Para la fiscalía, su rol habría sido abrir la puerta a droguerías y proveedoras interesadas en venderle al Estado.
El expediente sostiene que, al menos desde fines de 2023, Calvete habría funcionado como nexo entre empresas privadas y áreas internas de la agencia. La sospecha central es que utilizó esa influencia para direccionar adjudicaciones hacia firmas consideradas cercanas. A cambio, según la acusación, habría cobrado entre 12% y 20% de las sumas adjudicadas por contratos millonarios.
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El fiscal federal Franco Picardi, junto con Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, impulsó esta etapa del caso. Ambos avanzan sobre presuntas irregularidades en compras de medicamentos e insumos del programa PACBI, dentro del Programa Federal Incluir Salud. Esas prestaciones estaban dirigidas a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura médica, en especial personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Las compras investigadas abarcan rubros sensibles por su costo y por el impacto directo en pacientes que requieren atención compleja. Entre las categorías bajo análisis figuran amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas, andadores y traumatología. Se trata de insumos y tratamientos que pueden involucrar cirugías de alta complejidad, medicamentos biológicos o prestaciones prolongadas para enfermedades raras y crónicas.
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La negativa de Calvete a declarar no fue la única dentro de la tanda de indagatorias. También fue citado el empresario Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis, una de las firmas señaladas como más beneficiadas por la ANDIS. Arnaudo tampoco respondió preguntas ni hizo una declaración ante los investigadores, según fuentes del caso.
Un día antes habían pasado por los tribunales Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, y su segundo, Daniel María Garbellini. Ambos también guardaron silencio ante el juez y el fiscal. Todos ellos ya estaban procesados por el capítulo inicial de la causa, que se amplió con nuevas sospechas sobre contrataciones, adjudicaciones y circuitos de pago.
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Calvete llegó a la causa con antecedentes de exposición pública y política. Antes de quedar cercado por el expediente judicial, fue concejal de Cambiemos en La Matanza, vocero de una agrupación de supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Esa trayectoria previa contrasta con el lugar que ahora le atribuye la investigación: un operador con llegada a decisiones estatales, pero sin designación formal dentro del organismo.
El empresario continúa detenido por una condena anterior vinculada a proxenetismo y mantiene en trámite un pedido de prisión domiciliaria. Además, es padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía que también fue procesada en el expediente. Esa situación amplía el alcance familiar y político de una investigación que ya no se limita a un solo nombre dentro del circuito de contrataciones.
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