Un ajuste de casi 9 mil millones de pesos en Ganancias disparó la bronca del fisco. Para el juez Aguinsky, el apuro de la empresa por informar el error fue clave.
La diferencia de más de 2.362 millones de pesos fue el disparador de una contienda judicial que se apagó en seco antes de entrar en zona de juicio. El juez Marcelo Aguinsky resolvió que no existían méritos suficientes para seguir persiguiendo criminalmente a los dueños del estadio. Para la justicia, el planteo de ARCA no logró demostrar que el movimiento de fondos tuviera como fin último estafar al fisco nacional a través de una maniobra fraudulenta.
Los abogados de la compañía lograron demostrar que existió una rectificación contable realizada apenas unos minutos después del envío de la declaración original ante el organismo. Este detalle cronológico resultó vital para que el magistrado descartara la existencia de un plan criminal coordinado para evadir impuestos. Al informar el ajuste de manera casi inmediata a través de los canales electrónicos, la empresa dinamitó la sospecha de que buscaba mantener su contabilidad bajo las sombras.
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El conflicto se había originado por un ajuste de $8.879.947.306 que la firma incluyó en su presentación del Impuesto a las Ganancias del período 2023. La agencia recaudadora interpretó que esta cifra, cargada como una actualización de quebrantos, servía para borrar las ganancias reales obtenidas durante el ejercicio comercial. Según la denuncia archivada, esta maniobra habría permitido licuar la deuda impositiva y generar beneficios tributarios indebidos para los años venideros.
El pedido de la fiscalía por sostener el caso hablaba de una posible “declaración engañosa” que obligaba a profundizar el peritaje de los libros contables de la sociedad. Los fiscales consideraban que el monto involucrado era lo suficientemente alto como para justificar una investigación penal por evasión agravada. Sin embargo, el juzgado eligió priorizar la transparencia del trámite digital por encima de la interpretación técnica que hacían los funcionarios del Estado sobre el balance.
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El magistrado fue muy claro al separar un error administrativo de lo que se conoce técnicamente como un “ardid u ocultamiento”. En su resolución, explicó que para hablar de un delito penal tributario hace falta algo más que una discrepancia en el balance de una compañía de servicios masivos. La falta de una maniobra clandestina o de una simulación de datos le quitó el sustento jurídico a la pretensión de llevar a los directivos al banquillo de los acusados.
La empresa Buenos Aires Arena SA sostuvo desde el primer momento que el ajuste por inflación de sus pérdidas acumuladas era un derecho contable legítimo y transparente. Plantearon ante el tribunal que no hubo ni una sola maniobra dirigida a ocultar información relevante sobre su flujo de caja real durante el año pasado. El fallo les dio la razón al entender que la tipicidad penal del caso era inexistente ante la evidencia de las presentaciones digitales realizadas casi en simultáneo.
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El escenario de la disputa suma una cuota de tensión extra por tratarse de un predio que perteneció al Club Atlanta y hoy es el centro de espectáculos más grande de la zona. Con capacidad para albergar a 15.000 personas, la facturación del estadio siempre está bajo la lupa de los organismos de control por la masividad de sus eventos. Una acusación por evasión en un actor de este calibre suele generar repercusiones que van mucho más allá de un simple expediente judicial en los tribunales de Retiro.
Los peritos de la defensa resaltaron que toda la información siempre estuvo cargada en el sistema y que el uso de la actualización de quebrantos es una herramienta habitual en grandes empresas de cartelería internacional. El juez validó este argumento al observar que la firma no utilizó sociedades pantallas ni mecanismos complejos para fugar dinero fuera del sistema legal. La transparencia de los canales electrónicos informados terminó siendo el escudo legal que protegió a la administración del estadio frente al reclamo del fisco.
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La fiscalía ahora deberá decidir si acepta el archivo o si intenta una última movida procesal para reclamar los 2.363 millones de pesos que ARCA considera evadidos. Aunque el camino penal parece haberse cerrado definitivamente con la firma de Aguinsky, la discusión por el pago de los impuestos podría trasladarse a otras oficinas administrativas o civiles. Lo que queda claro es que, por ahora, el principal escenario de recitales del país se sacó de encima un dolor de cabeza judicial de dimensiones millonarias.
Fuente: NA.
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