Empresas piden tres veces más gas del que el sistema puede mover y apuran una obra millonaria
Actualidad02/05/2026
REDACCIÓNLa demanda para transportar producción de Vaca Muerta supera ampliamente la capacidad prevista. El Gobierno habilitó un proyecto que redefine el negocio energético.
El crecimiento de Vaca Muerta empezó a chocar contra un límite concreto: la infraestructura disponible ya no alcanza para mover todo el gas que se produce. Esa tensión entre oferta y capacidad de transporte aceleró decisiones que ahora empiezan a traducirse en inversiones de gran escala.
En ese contexto, el Gobierno nacional aprobó la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, una obra que apunta directamente a resolver ese cuello de botella. La iniciativa, enmarcada en el RIGI, prevé una inversión superior a los 500 millones de dólares y busca garantizar el abastecimiento en los próximos inviernos.
El dato que explica la urgencia aparece del lado del mercado. Las empresas productoras manifestaron un interés que supera con creces la capacidad proyectada. Según se informó, las solicitudes firmes alcanzaron más de 32 millones de metros cúbicos diarios, un volumen que triplica lo que se planea licitar en una primera etapa.
Ese desfasaje deja en evidencia un problema estructural. La producción crece a un ritmo que exige nuevas vías de transporte, especialmente para abastecer zonas de alta demanda como el área metropolitana de Buenos Aires y el sistema eléctrico.
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La obra permitirá sumar 12 millones de metros cúbicos diarios al sistema, lo que impactará tanto en usuarios residenciales como en industrias y centrales de generación. Ese refuerzo también apunta a reducir la dependencia de importaciones de gas natural licuado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó ese aspecto al afirmar: “Los usuarios tendrán acceso a energía a una fracción del costo del gas importado”. La comparación con el GNL aparece como uno de los argumentos centrales para justificar la inversión.
El proyecto no solo amplía la infraestructura, sino que también introduce un cambio en la forma de financiarla. A diferencia de obras anteriores, el financiamiento y la ejecución quedarán en manos del sector privado, que luego comercializará la capacidad adicional.
Ese esquema marca una modificación en el rol del Estado dentro del sistema energético. Según explicó el propio Caputo, se trata del primer proyecto de transporte de gas en más de dos décadas que se desarrolla bajo este modelo.
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El impacto potencial no se limita a una obra puntual. Desde el Gobierno sostienen que este formato podría replicarse en otras iniciativas, generando un flujo de inversiones privadas en infraestructura energética.
El cronograma plantea plazos exigentes. La ampliación debería estar operativa en unos 18 meses, con el objetivo de llegar al invierno de 2027 con mayor capacidad disponible, un período que suele tensionar el sistema.
En paralelo, se avanzará con un proceso de asignación de capacidad a través de un Open Season por 14 millones de metros cúbicos diarios. Ese paso permitirá ordenar la demanda y consolidar contratos entre productores, distribuidoras y organismos del sistema.
La expansión del gasoducto aparece así como una respuesta a un problema inmediato, pero también como un indicio de hacia dónde se mueve el sector. La producción crece y la infraestructura corre detrás, en una carrera donde cada decisión impacta en costos, abastecimiento y desarrollo.
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