Una condena por una garita caída puede disparar una deuda millonaria en El Bolsón
Actualidad03/05/2026
Sergio BustosLa discusión ya no pasa solo por el accidente que originó la causa. En El Bolsón, el eje se desplazó hacia el impacto que puede tener en las cuentas públicas una decisión administrativa: apelar o pagar. La diferencia entre ambos caminos podría traducirse en millones adicionales para el municipio.
El caso tiene como base la caída de una garita en pleno centro durante un temporal, un hecho que dejó con lesiones leves a una mujer y a su hijo. La Justicia consideró acreditada la responsabilidad del Estado local, al dar por probado tanto el episodio como las consecuencias físicas que derivaron de ese derrumbe.
A partir de esa evaluación, el tribunal administrativo de Bariloche fijó una indemnización que ronda los 8,5 millones de pesos. Sin embargo, ese número funciona hoy más como punto de partida que como cifra definitiva, ya que el fallo todavía no quedó firme.
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La posibilidad de apelación abre un escenario conocido en litigios contra el Estado. Según explicó la abogada Marcela Fragalá, representante de la parte demandante, una decisión en ese sentido podría replicar errores previos que terminaron encareciendo de manera significativa otros procesos judiciales.
“Seguramente van a apelar y van a cometer el mismo error que cometió el municipio en otro caso, donde por dejar pasar el tiempo y no abonar en tiempo y forma la sentencia, terminó siendo un dineral para el municipio”, sostuvo la letrada.
El punto más sensible está en los intereses. De acuerdo con lo planteado en la causa, la sentencia contempla una tasa que se acumula desde el momento del hecho hasta el pago efectivo, lo que puede modificar sustancialmente el monto final.
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“Esos ocho millones y medio, si ellos apelan, no son ocho millones y medio”, advirtió Fragalá, al explicar que la actualización podría elevar la cifra año tras año. Incluso mencionó que se aplica un cálculo del 8% anual, al que se suman intereses adicionales en caso de ejecución.
El antecedente que menciona la abogada no es menor. En un expediente anterior, la demora en el cumplimiento de una condena derivó en el embargo de ingresos municipales, una situación que volvió a encender alertas sobre las consecuencias de dilatar estos procesos.
En ese contexto, el conflicto deja de ser exclusivamente judicial y se convierte en una cuestión de gestión. La decisión que tome el municipio podría impactar directamente en la disponibilidad de recursos para otras áreas, en un escenario económico ya ajustado.
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“¿Qué significa esto para el pueblo de El Bolsón? Más recaudación, más gastos, más impuestos, porque se va a hacer una suma súper millonaria”, planteó Fragalá, al trasladar el debate hacia el impacto social de estas decisiones.
La causa todavía transita una etapa inicial, pero el desenlace empieza a delinear un problema más amplio. La forma en que el Estado administre sus litigios vuelve a quedar en el centro de la escena, con consecuencias que exceden el expediente y alcanzan a toda la comunidad.
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