La Justicia busca explicar el origen de más de USD 350 mil usados por Adorni
Policiales06/05/2026
Sergio BustosLa investigación judicial sobre Manuel Adorni empezó a enfocarse en una pregunta concreta: de dónde provinieron los dólares utilizados para afrontar compras inmobiliarias, remodelaciones y viajes que hoy aparecen bajo análisis en Comodoro Py. El expediente tomó un nuevo impulso después de la declaración de un contratista que aseguró haber recibido fuertes sumas de dinero en efectivo por trabajos realizados para el funcionario.
El dato que modificó el rumbo de la causa fue aportado por Matías Tabar, encargado de una obra en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según declaró ante la fiscalía, el funcionario le pagó USD 245.000 en efectivo y en distintos tramos para cubrir tareas de remodelación de la propiedad.
A partir de ese testimonio, la fiscalía comenzó a reconstruir el circuito del dinero utilizado en operaciones inmobiliarias y gastos personales. El foco dejó de estar solamente en el volumen del patrimonio y pasó a concentrarse en la existencia —o no— de respaldo bancario y documentación sobre el origen de los fondos.
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La casa de Indio Cuá aparece como uno de los ejes centrales del expediente. Según consta en la investigación, la compra se realizó con USD 20.000 aportados como fondos propios y un préstamo informal de USD 100.000 en efectivo. De esa deuda, Adorni habría devuelto USD 30.000 más un interés del 11%.
La secuencia de operaciones observada por la Justicia incluye además el departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Esa propiedad se escrituró por USD 230.000 y, según la causa, el matrimonio Adorni aportó USD 30.000 mientras que el resto fue financiado mediante una hipoteca privada sin interés.
Para los investigadores, ambos movimientos presentan características similares: uso intensivo de efectivo y financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional. Esa modalidad es la que actualmente intenta reconstruir el fiscal Gerardo Pollicita junto con organismos técnicos especializados.
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La fiscalía calcula hasta el momento unos USD 356.640 en gastos realizados en efectivo. Dentro de esa cifra aparecen operaciones inmobiliarias, remodelaciones y viajes. Paralelamente, el expediente también registra otros USD 335.000 en deudas aún vigentes vinculadas a préstamos y refacciones.
Entre esas obligaciones figuran USD 70.000 pendientes del crédito asociado a la casa de Indio Cuá, USD 200.000 correspondientes al financiamiento del departamento de Caballito y otros USD 65.000 relacionados con trabajos realizados en ese inmueble.
El expediente también incorporó gastos de viajes al exterior y estadías dentro del país para analizar el nivel de vida del funcionario. Según la reconstrucción judicial, esos movimientos representaron USD 24.640 adicionales. A eso se suma una estadía en Bariloche valuada en más de nueve millones de pesos, equivalentes a unos USD 7.000 al tipo de cambio de ese momento.
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La investigación tomó relevancia después de comparar esos números con la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Allí el funcionario informó USD 42.500 en efectivo y USD 6.220 en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El patrimonio total declarado ascendió a poco más de $107 millones.
La diferencia entre los activos declarados y el volumen de gastos detectados es uno de los puntos que ahora intenta esclarecer la Justicia. La fiscalía convocó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para reconstruir la evolución patrimonial y determinar si los ingresos registrados alcanzan para justificar las operaciones observadas.
En paralelo, también se solicitaron informes al Banco Central, entidades financieras y empresas de transferencias de dinero. El objetivo es detectar posibles movimientos bancarios, cajas de seguridad u operaciones vinculadas al funcionario y su entorno cercano.
La causa ingresó así en una etapa más técnica, enfocada en seguir la ruta del dinero y determinar si existieron fondos no declarados o mecanismos informales de financiamiento que no aparecen registrados oficialmente. Mientras avanzan las pericias, el expediente ya dejó instalada una sospecha central: cómo se financió un nivel de gastos muy superior al patrimonio y los ingresos declarados.
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