El fantasma de Nisman llega a Río Turbio: Arroyo Salgado apuntó a espías y funcionarios
Policiales07/05/2026
REDACCIÓNSandra Arroyo Salgado sacudió el escenario judicial al señalar nexos entre agentes de inteligencia en empresas estatales y la muerte del fiscal federal.
Una terminal estatal en Santa Cruz quedó enredada en la trama más oscura de la justicia federal argentina. La jueza Sandra Arroyo Salgado lanzó una acusación que conecta la muerte de Alberto Nisman con agentes de inteligencia que estarían operando actualmente en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Según la magistrada, estos espías mantienen vínculos directos con funcionarios del actual gobierno nacional, lo que reaviva una causa que lleva once años sin culpables materiales.
El escenario de estas declaraciones fue el Hotel Libertador, donde la jueza de San Isidro expuso ante el Rotary Club una visión descarnada sobre la corrupción estructural. Durante su charla, sostuvo que la impunidad en el país es un problema que atraviesa los tres poderes del Estado sin distinguir colores partidarios. Para Arroyo Salgado, el caso del fiscal muerto en 2015 es el ejemplo máximo de una debilidad institucional que permite la expansión del crimen organizado en las sombras del poder.
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La causa judicial, que ya calificó el hecho como un homicidio, tiene a Diego Lagomarsino como el principal procesado en calidad de partícipe necesario. El técnico informático fue quien entregó el arma Bersa calibre 22 de la que salió el disparo mortal en el departamento de Puerto Madero. Aunque el expediente también alcanza a los excustodios, el fiscal Eduardo Taiano todavía rastrea las líneas que conducen a los movimientos de los sectores de inteligencia que operaron aquel fin de semana de enero.
Ante la consulta sobre si existe alguna esperanza de justicia efectiva, la magistrada fue contundente con una frase que resonó en todo el auditorio. “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, sentenció la exesposa de la víctima. No obstante, aclaró que sí es posible identificar a los partícipes secundarios que, según trascendidos, estarían activos en empresas vinculadas al desarrollo energético de Santa Cruz.
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La mención a YCRT puso el foco sobre Pablo Gordillo, un interventor de trayectoria kirchnerista que fue nombrado por la administración libertaria. Informes periodísticos sugieren que en la sede porteña de la carbonífera se habrían producido reuniones entre Gordillo y el gerente Maxi Cáceres. Estos cruces entre funcionarios de distintos signos políticos dentro de una empresa estatal históricamente denunciada por irregularidades alimentan la hipótesis de la jueza sobre la continuidad de ciertos operadores en las sombras.
Por su parte, Diego Lagomarsino reconoció haber mantenido contactos con personal de la empresa santacruceña por una supuesta prestación de soluciones tecnológicas. El procesado afirmó que los encuentros no fueron secretos y que incluso viajó a la zona con la autorización explícita del juez federal Julián Ercolini. A pesar de admitir las reuniones, el técnico negó de forma rotunda que ese vínculo comercial tuviera alguna relación con su situación procesal en la causa por la muerte del fiscal.
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El cuestionamiento de la jueza no se quedó solo en la investigación del crimen, sino que escaló hacia los órganos de control del sistema judicial. Definió al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” que impide la limpieza necesaria dentro de los tribunales. Según su análisis, la falta de procesos disciplinarios y juicios políticos contra jueces y fiscales corruptos es lo que permite que causas de alto impacto queden estancadas durante décadas en los despachos oficiales.
Al cumplirse diez años del hecho, la fiscalía admitió en un informe que todavía no se conoce quiénes ejecutaron el disparo ni quiénes dieron la orden. La justicia sostiene que el fiscal fue asesinado cuatro días después de denunciar a Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Esta falta de respuestas concretas mantiene el expediente en una zona de incertidumbre que se reactiva cada vez que surgen datos sobre la participación de agentes inorgánicos.
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La intervención de Arroyo Salgado deja planteada una sospecha sobre la cual todavía no aportó pruebas documentales ni nombres de los supuestos funcionarios involucrados. El avance de esta nueva pista dependerá de si los dichos en el ámbito privado del Rotary Club se traducen en pedidos de prueba formales dentro de la instrucción. Mientras tanto, la pregunta central sobre quién decidió y organizó la muerte del fiscal que investigaba el mayor atentado terrorista del país sigue sin encontrar una respuesta definitiva en los tribunales federales.
Fuente: LA NACION.
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