La Patagonia se llena de protestas y los reclamos salariales complican
Actualidad11/05/2026
Sergio BustosLa conflictividad social volvió a crecer en la Patagonia y el reclamo salarial empezó a convertirse en un problema político de peso para varios gobiernos provinciales. En las últimas semanas, docentes y trabajadores estatales multiplicaron protestas, paros y movilizaciones en Río Negro, Chubut y Santa Cruz, en medio de negociaciones demoradas, pérdida del poder adquisitivo y cuentas públicas cada vez más ajustadas.
El escenario contrasta con lo que ocurre en Neuquén. La provincia gobernada por Rolando Figueroa logró sostener cierto equilibrio gracias a los ingresos vinculados a Vaca Muerta y a un esquema de actualización salarial atado trimestralmente al IPC. Esa previsibilidad permitió contener tensiones y mantener un clima más estable en comparación con el resto de la región patagónica.
En Río Negro, el conflicto docente escaló fuerte durante los últimos días. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) llevó adelante un paro de 48 horas y realizó una protesta en el puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti. La manifestación terminó con intervención de Gendarmería Nacional y Prefectura, que desalojaron a los docentes para impedir el corte sobre la Ruta 22.
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Las imágenes del operativo generaron repercusiones políticas inmediatas. Desde sectores de la oposición cuestionaron la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el gobierno nacional y también apuntaron contra la gestión de Alberto Weretilneck. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial buscó relativizar el impacto de la medida difundiendo cifras de presentismo cercanas al 65% durante la primera jornada del paro.
La conducción sindical ratificó que el reclamo seguirá activo. La secretaria general de UNTER, Laura Ortiz, sostuvo que “vamos a seguir exigiendo que continúe el aumento por IPC” porque “es algo que regula no tener sumas no remunerativas”. El pedido central apunta a recomponer salarios que vienen perdiendo frente a la inflación desde hace varios años.
El deterioro financiero de Río Negro quedó expuesto además por la necesidad de asistencia nacional para afrontar los salarios estatales. En abril, la provincia recibió un adelanto de coparticipación por 120 mil millones de pesos que será enviado en tres tramos. El primer desembolso, de 45 mil millones, ingresó apenas horas antes del pago de sueldos públicos y resultó decisivo para cumplir con las obligaciones salariales.
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La situación fiscal tampoco mejora en Chubut. Allí, el conflicto se trasladó a las calles con movilizaciones en Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia. Los docentes reclamaron reapertura de paritarias.
El Ejecutivo aceleró acuerdos con otros sectores estatales. Primero cerró una suba del 6% en tres tramos con ATE, UPCN y APOC. Luego alcanzó un incremento del 8% para trabajadores de la salud pública. Después avanzó la negociación con los gremios docentes, en una reunión extensa y tensa que incluyó a funcionarios de Educación, Gobierno y Trabajo.
La propuesta oficial contempló un aumento del 7,4% al básico en mayo y actualizaciones automáticas por IPC para los meses siguientes. También incorporó el compromiso de no descontar días de paro ni aplicar sanciones si la oferta era aceptada por las bases sindicales.
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El conflicto en Santa Cruz aparece todavía más delicado. El gobierno de Claudio Vidal no convocó paritarias desde el inicio del año y la provincia atraviesa una fuerte crisis fiscal. Los gremios estatales conformaron un Frente Sindical y realizaron un “ruidazo” frente a Casa de Gobierno en Río Gallegos para reclamar aumentos salariales y defender la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
La tensión política creció todavía más después de la salida del ministro de Trabajo Juan Mata, a quien el gobernador le pidió la renuncia tras quedar envuelto en denuncias por incompatibilidades en la función pública. La salida dejó acéfala una de las áreas más sensibles en plena escalada de conflictos laborales y sindicales.
En paralelo, ADOSAC amenazó con realizar un acampe frente a la Casa de Gobierno y el Ejecutivo respondió vallando el edificio oficial. Los docentes calificaron esa decisión como una medida “de carácter represivo y de criminalización de la protesta social”. Aunque finalmente el acampe no se concretó, el gremio avanzó con un paro de 72 horas y mantiene abierta la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza.
Detrás de cada protesta aparece un problema común: la caída de recursos provinciales. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la reducción de transferencias nacionales afectó fuerte a las cuentas de las provincias. Según datos citados en el informe, solo siete distritos mantuvieron superávit fiscal en 2025, cuando un año antes eran diecinueve.
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