Anunciaron la licitación de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales con inversión privada
Actualidad11/05/2026
REDACCIÓNLa licitación incluye corredores en cinco provincias, con 17 oferentes para tramos usados por logística, turismo, comercio y accesos portuarios.
Más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales quedarán bajo un esquema de concesiones que el Gobierno nacional presentó como una sustitución de fondos públicos por inversión privada. La licitación corresponde a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones y alcanza corredores ubicados en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. El Ministerio de Economía informó que el modelo no contará con subsidios y que apunta a intervenir vías consideradas relevantes para la circulación, la seguridad vial y el movimiento económico.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló los tramos incorporados al proceso licitatorio. La apertura de sobres se realizó este lunes, con 17 oferentes interesados en participar de las obras. La convocatoria combina rutas vinculadas al transporte de cargas, accesos portuarios y corredores que también tienen peso para el turismo y el comercio regional.
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La decisión oficial ubica a la infraestructura vial dentro de un modelo de concesión que traslada el financiamiento hacia el sector privado. Caputo lo expresó al sostener que el Gobierno sigue con un esquema “sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”. Esa definición resume el criterio económico de la licitación y marca una diferencia con mecanismos de obra pública financiados directamente por el Estado.
El paquete de corredores fue organizado en cuatro tramos. El Tramo Mediterráneo comprende 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, mientras que el Tramo Puntano suma 720 kilómetros sobre las rutas 8, 36, 193 y A-005. Ambos integran una parte sustancial del esquema, con impacto sobre zonas de circulación interprovincial y conexión productiva.
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Los otros dos segmentos tienen una orientación más asociada a corredores portuarios. El Tramo Portuario Norte incluye 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y A-008. El Tramo Portuario Sur, en tanto, abarca 636 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188.
Caputo afirmó que la Etapa II-B alcanza rutas nacionales donde se buscará mejorar la conectividad y la seguridad. En su publicación, señaló que se trata de vías “fundamentales para la logística, el turismo y el comercio”. Esa frase coloca el anuncio en una lógica de circulación económica, más que en una presentación limitada al mantenimiento vial.
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La cantidad de oferentes aparece como uno de los datos políticos del proceso. Según la información difundida, 17 empresas o grupos interesados se presentaron para competir por los tramos incluidos en esta etapa. Ese número será utilizado por el Gobierno como señal de interés privado en un esquema que excluye subsidios y apuesta a recuperar inversión mediante concesiones.
La licitación llega en un momento en que distintos sectores reclaman intervenciones sobre rutas nacionales. El propio anuncio generó pedidos dirigidos a Caputo por arreglos en otros corredores del país. Ese contexto muestra que la definición de tramos no agota las demandas existentes sobre la red vial nacional, especialmente en zonas donde el deterioro impacta en costos logísticos y seguridad.
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El Ministerio de Economía presentó el proceso como parte de una política de infraestructura con menor peso fiscal. Caputo cerró el mensaje con otra definición: “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”. La frase sintetiza el argumento oficial, aunque el resultado dependerá de las condiciones finales de adjudicación, los plazos de obra y el control sobre los compromisos asumidos por los concesionarios.
El paso administrativo inmediato será avanzar desde la apertura de sobres hacia la evaluación de ofertas y la adjudicación de cada corredor. Allí se definirá qué operadores quedarán a cargo de los tramos y bajo qué condiciones deberán ejecutar mejoras. La consecuencia pendiente estará en comprobar si el esquema privado logra acelerar obras concretas sobre rutas donde el tránsito productivo, comercial y turístico exige respuestas visibles.
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