La ruta de los dólares que desaparecieron del BCRA y destaparon una trama millonaria

La investigación judicial sobre una presunta maniobra de fraude cambiario durante los últimos años del cepo sumó nuevas revelaciones que complican a casas de cambio, financistas y funcionarios vinculados al Banco Central. Los expedientes ya hablan de operaciones sospechosas por cifras que podrían superar los u$s10.000 millones y exponen un circuito donde parte de los dólares oficiales terminó desapareciendo sin dejar rastros.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes avanzan sobre un entramado que combina permisos de importación, extracción masiva de efectivo y operaciones financieras que habrían terminado alimentando el mercado paralelo. Los investigadores sospechan que empresas y operadores obtenían acceso a divisas al valor oficial mediante autorizaciones irregulares y luego revendían esos dólares en circuitos informales con ganancias extraordinarias.

Uno de los datos que más preocupa a la Justicia es que buena parte de las divisas investigadas fue retirada físicamente de bancos y casas de cambio. Según informes del Banco Central, al menos u$s530 millones salieron en efectivo sin trazabilidad clara. Esa situación dificulta reconstruir el recorrido posterior del dinero y detectar quiénes terminaron beneficiándose con las maniobras.

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Entre los casos bajo análisis aparece la firma Stema Cambios, investigada por haber comprado u$s180 millones a bancos y retirarlos por ventanilla entre fines de enero y principios de febrero de 2023. Otro expediente apunta a Mega Latina S.A., señalada por haber adquirido unos u$s327 millones y luego transferido parte de esas divisas a otra casa de cambio, una operatoria prohibida por la normativa vigente.

La sospecha principal es que parte de esos dólares obtenidos a precio oficial terminaron revendidos en el mercado blue aprovechando la enorme brecha cambiaria que existía durante el gobierno anterior. En algunos momentos, el dólar oficial cotizaba cerca de $300 mientras el paralelo superaba los $600 e incluso llegó a rozar los $1.000 hacia fines de 2023.

En paralelo, la investigación también busca determinar si existió un esquema sistemático de pago de coimas para acceder a permisos SIRA, el mecanismo que regulaba las importaciones durante el cepo. Según las hipótesis judiciales, algunas empresas habrían pagado entre el 10% y el 15% del monto autorizado para obtener acceso prioritario a dólares oficiales.

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Los expedientes analizan operaciones registradas entre 2021 y 2023, el período más duro de las restricciones cambiarias. Hasta el momento, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas. También pidió informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el recorrido completo de las operaciones.

El escándalo volvió a tomar fuerza después de la declaración del ex policía porteño Carlos “Lobo” Smith ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi. Allí, el arrepentido aseguró que el empresario Elías Piccirillo habría organizado maniobras vinculadas con la compra irregular de dólares oficiales y aportó audios que hoy forman parte del expediente.

Según trascendió de fuentes judiciales, una de las grabaciones incluiría conversaciones entre Piccirillo y Romina García, inspectora del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central. En esos audios también aparecerían mencionados otros funcionarios técnicos del organismo, varios de los cuales terminaron allanados por orden judicial.

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La trama derivó en operativos simultáneos en bancos, financieras, casas de cambio y domicilios particulares. En total, la Justicia realizó cerca de 100 allanamientos vinculados con distintas causas conectadas al circuito del dólar oficial. Parte de esos procedimientos apuntó directamente contra funcionarios del Banco Central encargados de controlar entidades financieras y cambiarias.

Dentro de los expedientes también apareció el nombre de Sur Finanzas y de su dueño, Ariel Vallejo, investigado por presuntos vínculos con operaciones trianguladas y movimientos financieros relacionados con el fútbol argentino. Los investigadores sostienen que varias empresas cambiaban permanentemente de integrantes y estructuras societarias para dificultar el seguimiento de las operaciones.

Otra línea de investigación pone bajo la lupa a un grupo empresario propietario de múltiples casas de cambio en la provincia de Buenos Aires. Según las actuaciones judiciales, la firma también tendría conexiones con negocios vinculados a casinos y la industria del juego en distintas provincias.

Mientras avanzan los allanamientos y las pericias sobre dispositivos electrónicos y documentación secuestrada, la sospecha central sigue siendo la misma: que durante el cepo cambiario funcionó un mecanismo a gran escala para acceder a dólares oficiales, retirarlos del sistema y obtener ganancias millonarias mediante su reventa en el mercado informal.