Familiares de pacientes y especialistas expusieron las fallas de un sistema desbordado. Mientras el Gobierno busca cambios, advierten por la falta de recursos.
Hospitales que cierran la puerta en el peor momento y padres que entierran a sus hijos por falta de asistencia inmediata. Norma Galeano, de Madres Territoriales Línea Fundadora, llevó nombres de menores que se quitaron la vida al Salón Azul del Senado para sacudir la modorra técnica del debate parlamentario. “¿Saben lo que es llegar a un hospital y que te digan que, con una crisis, no tienen criterios de internación?”, preguntó a viva voz frente a un plenario de comisiones que intenta reformar una ley que ya cumplió 15 años. El dolor de los familiares fue el termómetro de una jornada donde quedó claro que el sistema sanitario está estallado.
El eje de la discordia institucional pasa por quién tiene la última palabra al momento de decidir el futuro de un paciente en crisis. La propuesta del Poder Ejecutivo busca devolverle al psiquiatra un peso preponderante en las decisiones clínicas y las internaciones involuntarias, algo que hoy está repartido de forma horizontal en equipos interdisciplinarios. Ricardo Corral, titular de la Association Argentina de Psiquiatras, defendió esta jerarquización al señalar que existen entre 3 y 4 millones de personas con trastornos graves en el país. Sin embargo, desde la vereda de los psicólogos ven en este movimiento un “retroceso sanitario y jurídico” que podría entorpecer aún más la atención.
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En el interior del país, el problema no parece ser el marco legal sino la silla vacía en el consultorio. Marcelo Clingo, de la Federación de Psicólogos, advirtió que la escasez de psiquiatras fuera de las capitales convertiría la nueva ley en un obstáculo impracticable para el ciudadano común. Esta mirada coincide con el diagnóstico de la provincia de Buenos Aires, donde la subsecretaria Julieta Camels describió una “megacrisis” con números alarmantes. El distrito más poblado apenas cuenta con 633 psiquiatras para enfrentar una demanda de internaciones que subió casi un 100% en menores de 18 años.
La política intentó colarse en el debate, pero los protagonistas directos de la tragedia pidieron una tregua para intentar salvar vidas. Marina Charpentier, madre del músico Chano, reclamó que la salud mental deje de ser rehén de las disputas partidarias que paralizan al Congreso. “En un país en el que la grieta nos atraviesa en todos los temas, es importante pensar que la salud no puede tenerla: no se enferman los de derecha o de izquierda”, sentenció la fundadora de Grupo Familia Esperanza. Para ella, la urgencia de quienes esperan ayuda no puede quedar atrapada en reformas que se borran y escriben cada cuatro años.
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La seguridad pública y la salud se chocaron en el recuerdo de episodios extremos que marcaron la agenda porteña. Juan Roza Alconada, hermano del hombre que mató a un policía frente al Malba, aseguró que el cierre de los hospitales monovalentes fue “un gran error” de la legislación actual. Su postura refuerza la idea de que la definición de riesgo cierto e inminente debe ser revisada para permitir una intervención más ágil. El debate puso sobre la mesa si los derechos individuales, protegidos por la ley de 2010, terminaron desprotegiendo a los pacientes en sus momentos de mayor desamparo.
No todos los expositores creen que el problema sea la letra de la ley, sino la billetera del Estado. Luciano Grasso, exdirector nacional del área, apuntó contra la falta de presupuesto y la “desorganización del sistema” como los verdaderos culpables del desborde asistencial. Para este sector, jerarquizar al psiquiatra es una visión “arqueológico” que ignora la posibilidad de capacitar a otros profesionales para cubrir la demanda territorial. La desinversión acumulada durante más de una década aparece como el fantasma que ninguna reforma legal, por sí sola, parece capaz de ahuyentar.
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Los números del Hospital Borda sirven para entender la desproporción entre la necesidad de consulta y la capacidad de contención real. Mientras se registran unas 120.000 consultas anuales, las internaciones efectivas apenas rondan las 1.000 por año, según los datos aportados por los especialistas. Esta brecha alimenta la desesperación de las familias que sienten que el Estado solo interviene cuando el daño ya es irreversible. Sin estadísticas nacionales sólidas, el debate navega entre percepciones profesionales y el reclamo desesperado de organizaciones territoriales.
La intervención de la justicia sigue siendo un punto de tensión que divide aguas entre abogados y médicos. Marcelo López Mesa defendió que los magistrados mantengan un “rol preponderante” en las decisiones sobre la capacidad de las personas, trabajando codo a codo con los especialistas. Por el contrario, desde el Órgano de Revisión, María Graciela Iglesias expresó su preocupación ante la posibilidad de que se “se diluya” el sistema de garantías vigente. La articulación entre el Código Civil y la ley de salud mental aparece como un rompecabezas legal que los senadores todavía no saben cómo armar.
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El plenario terminó con una coincidencia amarga: la ley necesita cambios, pero el consenso sobre cómo aplicarlos está lejos de concretarse. Mientras los legisladores discuten párrafos y competencias, las familias en los barrios siguen enfrentando solas las crisis de sus hijos. El sistema sanitario bonaerense advierte que la reforma puede ser “inaplicable” si no llega acompañada de infraestructura y provisión de psicofármacos. La discusión parlamentaria continuará bajo la presión de un país que exige soluciones reales antes de que la próxima crisis termine en tragedia.
Fuente: LA NACION.
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