Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico argentino vinculado políticamente a José Luis Espert, dio un paso decisivo en la causa judicial que enfrenta en Estados Unidos desde hace varios años. En un acuerdo firmado con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, aceptó declararse culpable por delitos de lavado de dinero y fraude, una estrategia que le permitiría reducir de manera considerable la condena que podría recibir.
El entendimiento judicial se presentó ante un tribunal federal de la ciudad de Sherman y modificó por completo el escenario procesal del empresario. A cambio de reconocer esos delitos, la fiscalía retiraría la acusación vinculada al narcotráfico, uno de los cargos más graves del expediente y que Machado negó públicamente desde el comienzo de la investigación.
El empresario permaneció los últimos seis meses detenido en el penal del condado de Cimarrón, en Oklahoma, luego de ser extraditado desde Argentina en noviembre del año pasado. Antes había atravesado casi cuatro años bajo prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, situación que se extendió desde su arresto en Bariloche en abril de 2021.
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La defensa del empresario busca ahora que todo ese período de detención sea considerado dentro de una futura sentencia. Aunque el acuerdo judicial todavía no establece una pena concreta, personas cercanas al acusado sostienen que podría recuperar la libertad en un plazo considerablemente menor al previsto originalmente.
Según la documentación presentada ante la Justicia estadounidense, Machado admitió haber participado en maniobras destinadas a ocultar el origen y circulación de fondos mediante operaciones financieras internacionales. También reconoció irregularidades relacionadas con el negocio de compraventa de aeronaves privadas, una de las actividades centrales de su estructura empresarial.
La investigación federal acumuló una enorme cantidad de pruebas documentales. El expediente reúne más de 20 terabytes de información, entre correos electrónicos, registros bancarios, transferencias y movimientos comerciales realizados en distintos países. En ese contexto, el acuerdo aparece como una salida para evitar un juicio oral que podría haber derivado en décadas de prisión.
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El nombre de Machado tomó fuerte repercusión política en Argentina luego de conocerse aportes económicos realizados a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019. Distintas fuentes vinculadas al armado político mencionaron cifras que van desde los 200 mil dólares hasta montos cercanos a los 2,5 millones de dólares.
La situación también tuvo impacto en Chubut, especialmente después de que se difundieran detalles sobre su historia personal vinculada al barrio Mil Viviendas, en el valle chubutense. Sin embargo, la repercusión nacional creció aún más tras conocerse una transferencia de 200 mil dólares enviada en enero de 2020 y relacionada directamente con el economista liberal.
Ese movimiento financiero es actualmente parte de otra investigación judicial abierta en Argentina. En un juzgado federal de San Isidro, el fiscal Fernando Domínguez analiza presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a Espert, incluyendo operaciones inmobiliarias e ingresos económicos bajo sospecha.
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El diputado sostuvo que el dinero recibido correspondía a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala. No obstante, la Justicia intenta determinar si ese contrato realmente existió o si fue utilizado como mecanismo para justificar otro tipo de operatoria financiera.
El acuerdo firmado por Machado todavía debe ser homologado por el juez federal Amos Mazzant. Aunque este tipo de pactos suele ser aceptado dentro del sistema judicial estadounidense, uno de los aspectos que todavía permanece bajo reserva es el grado de colaboración que el empresario ofreció a la fiscalía y si aportó información sobre otros posibles involucrados.
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