Estiman que 1.400 millones de dólares fueron del Estado a cuentas particulares con el "dólar de importación"

Política17/05/2026

Las fiscalías federales aguardan el listado de los encargados de autorizar las órdenes de importación, mientras las pericias a los teléfonos exponen las conversaciones sobre los retornos.

Las investigaciones penales por la asignación discrecional de divisas entran en una etapa de definiciones a partir de los requerimientos tecnológicos dictados por los tribunales de Comodoro Py. El avance de las causas depende de la remisión de las bases de datos que identifiquen de forma digital a los responsables de convalidar los permisos comerciales bloqueados. El cruzamiento de estas planillas estatales con los peritajes realizados sobre los teléfonos celulares secuestrados busca determinar la responsabilidad directa de las segundas líneas de las carteras económicas en el cobro de dádivas.

El fiscal federal Franco Picardi aguarda la entrega formal de un relevamiento detallado que individualice a los agentes de la gestión del exsecretario de Comercio, Matías Tombolini, que intervinieron en la aprobación de cada trámite. El propósito de la medida consiste en respaldar la acusación contra un exmiembro de esa dependencia cuya participación ya se encuentra documentada en otros tramos del expediente. Las pesquisas apuntan a corroborar si la agilización de los expedientes del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) respondía a un circuito de retornos financieros ilegales coordinado por intermediarios privados.

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Las pericias informáticas a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) avanzan sobre los dispositivos de cinco agentes jerárquicos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hasta el momento, el peritaje sobre el teléfono de Adrián Migueles arrojó registros de diálogos vinculados con el pago de comisiones para sortear las restricciones cambiarias. El financista rechazó las imputaciones mediante una presentación escrita donde argumentó haberse desempeñado exclusivamente como un nexo de gestión entre las empresas y los organismos de control.

El circuito de acceso al mercado oficial de cambios investigado por el juez Ariel Lijo no solo abarcaba la sobrefacturación de insumos industriales esenciales, sino también la simulación absoluta de operaciones que nunca se concretaron. Las auditorías del fuero penal económico estiman provisionalmente que, mediante la alteración de los formularios SIRA, se canalizaron entre "US$ 1.300 y US$ 1.400 millones" del erario público hacia cuentas particulares. Los fondos obtenidos al valor del dólar controlado eran utilizados con posterioridad para la adquisición de bienes de altísimo valor de uso suntuario y el financiamiento de traslados al exterior.

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La segunda línea de investigación, delegada en el fiscal Carlos Stornelli y la jueza María Servini, se concentra en la operatoria denominada la escalerita, mediante la cual se atomizaban las compras mayoristas utilizando identidades de terceros. El juzgado dispuso embargos preventivos sobre un conjunto de firmas vinculadas a Elías Piccirillo y Martín Migueles por un valor estimado en "US$ 600 millones" para garantizar una eventual reparación patrimonial. La maniobra utilizaba las bases de datos de personas de bajos recursos y estructuras comerciales para sortear los límites fijados a las transferencias bancarias electrónicas.

El origen de la flexibilización de los controles cambiarios se remonta a las excepciones de intervención diseñadas originalmente por Miguel Ángel Pesce, cuyo alcance fue modificado de forma posterior por el exministro Sergio Massa en julio de 2022. La defensa del extitular de Economía alega la inexistencia de resoluciones administrativas que cuenten con su rúbrica directa en los expedientes cuestionados. Sin embargo, las auditorías judiciales indican que su principal colaborador dentro de la autoridad monetaria, Lisandro Cleri, ejercía las funciones de un interventor de hecho que supervisaba las negociaciones con los organismos internacionales de crédito.

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Las maniobras de falsificación documental integran un tercer expediente a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, donde se analiza un desvío de "US$ 751 millones". Las irregularidades fueron detectadas en la validación de deudas apócrifas mediante escrituras públicas con fechas adulteradas para encuadrar las operaciones en los regímenes de cancelación permitidos. Las presentaciones fraudulentas eran remitidas vía correo electrónico a la Dirección de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, área que se encontraba bajo la órbita del superintendente Claudio Golonbek.

La falta de reacción de las autoridades del Banco Central ante las alertas del sistema informático interno fue refrendada por los audios incorporados a la causa que pertenecen a la exfuncionaria Romina García. En los registros sonoros obtenidos por los investigadores, la agente estatal afirmaba a sus interlocutores que “había gente arriba toda entongada” y que los directivos del organismo tenían conocimiento de las irregularidades reportadas en los teléfonos. El Directorio de la entidad en dicho período se completaba con los vocales Sergio Adrián Woyecheszen, Zenón Biagosch, Jorge Carrera, Pablo Carreras Mayer, Juan Agustín D’Attellis Noguera, Claudio Golonbek y Eduardo Hecker.

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La unificación definitiva de los tres expedientes se encuentra supeditada a un pronunciamiento formal de la Cámara Federal porteña, que debe determinar qué magistrado concentrará la totalidad de las causas por fraude cambiario. Los investigadores también evalúan el momento oportuno para recibir la ampliación de la declaración testimonial del imputado arrepentido Carlos Smith, cuyo aporte técnico podría involucrar a exlíderes partidarios del armado electoral anterior. La postergación de su comparecencia responde a estrategias de oportunidad procesal ante el impacto que sus afirmaciones tendrían sobre la actual conformación de las representaciones parlamentarias.