La Justicia detectó “serias irregularidades” en la licitación de la hidrovía
Actualidad17/05/2026
Sergio BustosA pocos días de definirse quién operará la hidrovía Paraná-Paraguay durante los próximos 25 años, una advertencia judicial volvió a poner bajo presión el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas detectó “serias y evidentes irregularidades” en la concesión de la principal vía navegable del comercio exterior argentino.
El dictamen cuestiona distintos aspectos del procedimiento llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que depende del Ministerio de Economía. La investigación analiza posibles inconsistencias administrativas dentro de un proceso estratégico para el movimiento de exportaciones agroindustriales del país.
Uno de los puntos observados por la Procuraduría está relacionado con la participación ciudadana durante la audiencia pública. Según el documento presentado ante la Justicia, se incorporaron más de 9.000 páginas de documentación técnica en plazos que habrían dificultado un análisis adecuado por parte de especialistas, organizaciones y sectores interesados.
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La Fiscalía consideró que esa situación podría haber afectado el cumplimiento de la ley de acceso a la información ambiental. En ese sentido, sostuvo que no existieron condiciones suficientes para garantizar una participación “real y efectiva” dentro del procedimiento.
Las objeciones también alcanzaron distintas cláusulas incluidas en los pliegos licitatorios. Entre ellas aparecen aspectos vinculados a posibles cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones sobre la participación de empresas conformadas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas.
Además, el dictamen remarca que persisten cuestionamientos formulados en instancias anteriores sobre un eventual direccionamiento de la licitación. La Procuraduría señaló que continúan existiendo dudas sobre la transparencia y las condiciones generales del proceso impulsado por el Gobierno nacional.
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Otro de los puntos críticos mencionados por la PIA fue la falta de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental. Según el informe judicial, no existió una intervención suficiente de la autoridad nacional competente en materia ambiental dentro de una obra considerada estratégica para el sistema fluvial argentino.
“Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, sostuvo la Procuraduría en el documento presentado ante la Justicia. También advirtió que el procedimiento y una eventual adjudicación podrían quedar expuestos a reproches administrativos o incluso penales.
El pronunciamiento judicial apareció el mismo día en que el Gobierno aseguró públicamente que la privatización de la vía navegable avanzaba “sin impugnaciones” y con respaldo de distintos sectores. Desde la administración nacional destacaron que ya concluyó la etapa técnica de evaluación de ofertas.
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La próxima semana se abrirán las propuestas económicas que terminarán definiendo quién se quedará con la concesión de la hidrovía por los próximos 25 años. Actualmente continúan en carrera dos grupos empresarios encabezados por compañías belgas junto a firmas argentinas y estadounidenses.
La hidrovía Paraná-Paraguay representa uno de los corredores comerciales más importantes de Sudamérica. Por allí circula cerca del 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales argentinas y también cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
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