Pliegos a medida y oferentes únicos entre las irregularidades en las contrataciones de la Casa Militar
Actualidad19/05/2026
REDACCIÓNLos procesos de compra del organismo encargado de la seguridad presidencial se encuentran bajo investigación debido a un patrón sistemático de convocatorias de plazos mínimos. El uso de prórrogas y la adjudicación a firmas con cotizaciones elevadas comprometen fondos millonarios.
El diseño de las licitaciones públicas y privadas dentro de la órbira de la Casa Militar consolidó un esquema de contratación que limita la participación de competidores en rubros clave para la logística de la Presidencia de la Nación. Mediante la implementación de los denominados llamados de plazos cortos, el organismo preselecciona de forma indirecta a los proveedores que cuentan con la infraestructura lista antes de la apertura oficial de los sobres. Esta metodología administrativa reduce los tiempos de publicidad de los pliegos, impidiendo que firmas ajenas al circuito habitual cumplan con las exigencias técnicas en tiempo y forma.
La provisión de transporte terrestre para las comitivas oficiales y la custodia del círculo presidencial representa uno de los focos comerciales con mayor regularidad en este esquema de prestadores únicos. A través de la compulsa privada registrada bajo el código 23-0003-LPU24, se asignó el servicio de alquiler de rodados sin chofer a la firma de Néstor Eduardo Ávila, titular de Ávila Viajes, por una suma inicial de 167.868.778 pesos. Dicho acuerdo, destinado teóricamente a resguardar la integridad del mandatario y su grupo familiar, recibió una extensión contractual el 28 de mayo de 2025.
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La repetición del mecanismo administrativo se hizo evidente durante el ejercicio comercial de 2026, cuando la misma firma comercial se presentó como la única opción disponible en la plataforma oficial de compras del Estado. En esa oportunidad, la adjudicación directa bajo la modalidad de exclusividad representó un desembolso de 105.160.000 pesos para la cobertura de traslados diarios de la jefatura militar. La falta de ofertas alternativas bloqueó la posibilidad de obtener mejoras en las cotizaciones por parte del sector público.
De acuerdo con datos internos del organismo, la operatoria para el desvío de los márgenes excedentes se instrumenta mediante la falsificación de las planillas de ruta diarias dentro del área de Movilidad Terrestre. Las fuentes del sector señalan que las empresas beneficiadas logran justificar retornos de dinero que promedian el 10 por ciento a través de la convalidación de traslados que jamás llegaron a concretarse en la realidad. La adulteración de los registros de kilometraje actúa como el respaldo documental para sobrefacturar los servicios prestados.
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Una lógica idéntica se detectó en la contratación del sistema de vallado metálico perimetral que se utiliza para contener al público en los eventos oficiales y traslados gubernamentales. En noviembre de 2024, el proceso de selección número 23-0007-LPU24 culminó con la victoria de la firma Event Assistance SRL, de Mario Cazenabe, a pesar de haber presentado la propuesta económica más costosa frente a competidores como MEBA Producciones SRL y Grupo Argensan SRL. La adjudicación se perfeccionó por 237.450.000 pesos y fue prorrogada en mayo de 2025 hasta alcanzar los 273.000.000 pesos.
El monopolio de la infraestructura de seguridad para los actos gubernamentales se extendió formalmente hasta fines del período pasado con una nueva asignación directa a la misma empresa por un valor de 437.448.500 pesos. El manejo corporativo de este rubro movilizó más de 510 millones de pesos en un intervalo menor a los seis meses de facturación auditada. La confección de pliegos técnicos con requerimientos que solo una empresa del mercado puede satisfacer de inmediato anula la libre competencia en las esferas de control.
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Estas irregularidades en el transporte y la seguridad urbana se complementan con los expedientes judiciales que pesan sobre el jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, y el exjefe de la Agrupación Técnica, Daniel Edgardo Salguero Del Arca. Ambos militares se encuentran bajo la lupa de los tribunales federales por presuntos retornos en las licitaciones de repuestos y mantenimiento aeronáutico de la Dirección General de Logística. La salida forzada de la funcionaria Florencia Gastaldi a mediados de 2024 interrumpió la red de adjudicaciones cruzadas en la flota aérea.
La red de beneficios comerciales incluía a corporaciones del sector de aviónica como Redimec SA, cuyo titular, Fabián Oyarbide, mantenía audiencias periódicas con las máximas autoridades del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las sospechas judiciales abarcan también contratos internacionales opacos, como la adquisición por 4 millones de dólares de una aeronave Embraer ERJ-140LR a la firma Regional One Inc., un modelo cuyo valor promedio de mercado se situaba en los 2,3 millones de dólares. El flujo de expedientes compartidos con intermediarios como Claudio Rubén Cavina forma parte del material que analiza la justicia.
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