El juez Ariel Lijo analiza citar al jefe de Gabinete antes de la feria judicial, mientras el expediente cruza viajes, contratos y gastos inmobiliarios.
Un vuelo privado a Punta del Este, una propiedad en un country y contratos con medios estatales quedaron conectados en la investigación que complica a Manuel Adorni. El expediente por presunto enriquecimiento ilícito ya reúne medidas sobre su patrimonio personal, sus vínculos con el productor Marcelo Grandio y posibles cruces entre la productora Imhouse y la TV Pública. El juez federal Ariel Lijo evalúa si lo convoca a declaración indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno.
La definición todavía depende de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita. En tribunales federales consideran que una eventual citación marcaría un salto relevante en la causa, porque implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance suficiente para sospechar la posible comisión de delitos. La situación involucra a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei, por lo que el caso ya tomó peso político dentro de Comodoro Py.
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El tramo más sensible de la investigación apunta al viaje que Adorni realizó con su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. El funcionario sostuvo reiteradamente que pagó el traslado con dinero propio, pero documentación incorporada al expediente habría complicado esa explicación. La Justicia busca establecer si Grandio, a quien Adorni definió públicamente como un amigo cercano, costeó el vuelo en un avión privado.
La declaración del broker aeronáutico Agustín Issin Hansen quedó como uno de los elementos centrales del expediente. Ante la Justicia, afirmó: “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”. Esa frase contradice la versión pública del jefe de Gabinete y orienta la investigación hacia la facturación realizada a través de Imhouse, la productora de Grandio.
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Los registros comerciales también forman parte del análisis judicial. De acuerdo con la investigación, la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue facturado después por 3.000 dólares a Grandio. Ese circuito de pagos aparece como una pieza clave para determinar quién afrontó realmente el costo del viaje familiar.
La causa no se limita al vuelo privado. El juzgado ordenó cruces telefónicos entre los celulares de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, para determinar si hubo comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos, con el objetivo de reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.
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Los convenios observados incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre los nombres que aparecen en el expediente figuran La caja de Pandora, Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y Gritalo Mundial, este último conducido por Grandio. La investigación intenta establecer si esas contrataciones tuvieron relación con los vínculos personales bajo análisis.
Otro foco está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, con remodelaciones integrales y mobiliario por unos 245.000 dólares adicionales. Parte de esas obras, de acuerdo con el expediente, se habrían realizado sin facturación formal.
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Los investigadores sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados. Esa evaluación contempla, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias. La hipótesis patrimonial busca determinar si hubo una diferencia injustificada entre los fondos declarados y las erogaciones atribuidas al funcionario.
El expediente también incorporó una línea sobre el presunto uso de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside Adorni. La hipótesis judicial es que, si se comprueba que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse un posible peculado por utilización indebida de recursos públicos. Ese punto amplía la investigación desde el patrimonio personal hacia el uso de recursos estatales.
Fuente: N A
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