Advierten que recuperarán las viviendas del IPV que hayan sido vendidas o alquiladas
Chubut28/05/2026
REDACCIÓNEl organismo provincial endurece las inspecciones sobre los adjudicatarios que alquilan o venden los inmuebles y advierte que el Estado retiene la titularidad real de los complejos hasta su cancelación.
La utilización de la infraestructura habitacional pública como plataforma para el desarrollo de negocios privados altera el principio de solidaridad que rige los programas de urbanización en Chubut. Las arcas estatales absorben el costo financiero de unidades que terminan volcadas al mercado informal de alquileres o a la explotación comercial, privando de recursos al sistema de recupero de cuotas. La desviación de estos activos desvirtúa la función de asistencia social, transformando un derecho familiar en un beneficio corporativo de particulares.
Las penalidades administrativas se aplican con rigurosidad sobre aquellos beneficiarios que deciden alterar el destino habitacional de los módulos asignados sin la correspondiente autorización legal. En una entrevista exclusiva concedida al programa informativo de #LA17, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Guillermo Espada, expuso la firmeza con la que actúa la repartición ante las anomalías detectadas en las recorridas de control. El funcionario remarcó en los micrófonos de nuestra radio que "las viviendas son para uso y familiar así que realmente hay mucha gente que piensa que cuando se le adjudica la vivienda ya puede realizar cualquier cosa y no es así".
OTRAS NOTICIAS:
El marco normativo vigente establece límites precisos sobre los derechos reales que poseen las familias desde el momento en que reciben las llaves de sus hogares en los diferentes barrios de la provincia. La legislación determina que el dominio de las estructuras permanece bajo la órbita pública hasta tanto se complete la totalidad de las obligaciones financieras pautadas. "Hasta que la vivienda no esté cancelada y escriturada realmente el IPV o el Estado Provincial es el propietario de la vivienda real, digamos", recordó Espada durante el diálogo con #LA17.
La detección de maniobras de especulación inmobiliaria con el patrimonio del organismo incluye la cesión precaria y la transferencia de posesión a terceras personas a cambio de sumas de dinero en efectivo. Las auditorías del ente estatal identifican de forma recurrente inmuebles sociales que son puestos en locación de manera directa por los titulares originales, vulnerando las declaraciones juradas de ocupación efectiva. El funcionario enfatizó a través de nuestra emisora que el esquema castiga penalmente los traspasos irregulares porque "se le adjudicó una vivienda y eventualmente no cumplieron con sus compromisos o realmente han puesto su vivienda en alquiler o han hecho algún tipo de emprendimiento comercial o directamente la han cedido o vendido a otras personas".
OTRAS NOTICIAS:
Los operativos de fiscalización en la costa norte rinden cuenta de abusos de magnitud donde la infraestructura residencial es modificada estructuralmente para albergar fábricas u oficinas de mediana escala. Los inspectores documentaron situaciones donde los titulares de los beneficios montaron empresas con personal en relación de dependencia omitiendo de forma simultánea los pagos al fisco. "Hemos descubierto hasta una panadería habían montado, por ejemplo, en una casa del IPV", ratificó el director del organismo, detallando que se trataba de una firma con sucursales externas y capacidad de contratación masiva.
La distorsión que genera el funcionamiento de estos comercios clandestinos financiados de forma indirecta por el resto de los contribuyentes chubutenses acelera el proceso de caducidad de los contratos de adjudicación. El titular de la cartera de vivienda analizó los perjuicios de este usufructo al remarcar ante los micrófonos de #LA17 que "es terrible porque la vivienda, bueno, primero no está cancelada, no se han abonado las cuotas, después hacer un emprendimiento comercial de tal magnitud con 20 personas trabajando". Para el funcionario, este esquema implica que "el Estado provincial o todos los ciudadanos de Chubut no le pueden estar pagando al señor que está usufructuando esa panadería".
OTRAS NOTICIAS:
El reajuste de los controles operativos apunta a restaurar el equilibrio social en distritos que registran una fuerte demanda de tierras e inmuebles residenciales, como ocurre en la ciudad de Puerto Madryn. Los recursos del fondo de recupero resultan vitales para sostener los planes de obra que den respuesta al listado de familias que aguardan por una solución habitacional de emergencia. "Esa vivienda realmente hace falta para otra familia madrinense, ¿no? Que tenga niños, que necesite su hogar, y no para un emprendimiento comercial", evaluó el referente del IPV durante la entrevista radial.
La rigidez de las inspecciones no inhabilita los canales de asistencia previstos para aquellos adjudicatarios que atraviesan contingencias socioeconómicas que dificultan el cumplimiento del esquema de cuotas. El instituto dispone de mesas de atención social para renegociar plazos ante situaciones de desempleo sobreviniente, reducciones salariales o tratamientos médicos de alta complejidad en el núcleo familiar. Espada aclaró en #LA17 que el vecino que sufre complicaciones "siempre tiene una vía de solución, pero siempre dentro de los caminos normales del IPV", diferenciando la vulnerabilidad real de la especulación comercial.
Te puede interesar
