La cautelar exige cancelar pagos adeudados por PAMI e Incluir Salud en 72 horas, pero seguirá vigente hasta que resuelva la Cámara Federal.
Los pagos adeudados a prestadores de discapacidad quedaron en el centro de una disputa judicial que todavía no se cerró. El Gobierno nacional apeló la cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó regularizar en 72 horas las deudas pendientes de PAMI e Incluir Salud. La medida seguirá vigente mientras la Cámara Federal analiza la presentación oficial.
La apelación fue concedida con efecto devolutivo, por lo que no suspende el cumplimiento inmediato de la cautelar. Esa definición resulta central para los prestadores y beneficiarios alcanzados por el expediente. Hasta que exista una resolución superior, el Estado nacional mantiene la obligación judicial de avanzar con la regularización de los pagos.
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El fallo surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra. La presentación fue realizada en representación del colectivo Defendamos Córdoba y con el acompañamiento de instituciones cordobesas vinculadas a la atención de personas con discapacidad. Entre ellas aparecen Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos de la provincia.
La resolución apunta a evitar que las demoras administrativas deriven en interrupciones de tratamientos, medicamentos o prestaciones esenciales. El grupo protegido incluye a beneficiarios de pensiones no contributivas y a titulares del Certificado Único de Discapacidad. La discusión judicial no queda reducida a una deuda entre organismos y prestadores, porque involucra la continuidad de servicios sensibles.
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Vaca Narvaja fijó una vigencia de seis meses para la cautelar o hasta que se dicte una sentencia firme. También ordenó cancelar las deudas en un plazo máximo de 72 horas. Ese plazo fue cuestionado por la administración nacional mediante la apelación, aunque la medida conserva eficacia mientras el expediente sube a revisión.
En los fundamentos, el juez marcó un incumplimiento estatal en el pago de obligaciones vinculadas a discapacidad. La resolución sostuvo que el Estado nacional se encuentra “en mora” y advirtió sobre “demoras crónicas” en los pagos a prestadores. También mencionó un “riesgo inminente” para las personas con discapacidad si se interrumpen las prestaciones.
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La cautelar coloca bajo presión a PAMI e Incluir Salud, dos vías de cobertura que concentran una parte relevante de la atención reclamada. Los prestadores dependen de esos pagos para sostener tratamientos, equipos profesionales, traslados, medicamentos y dispositivos terapéuticos. Por eso, la continuidad del fallo tiene impacto directo sobre instituciones que ya habían denunciado demoras.
El expediente también se conecta con otra medida nacional vinculada a discapacidad. La nota judicial hace referencia a la Resolución 28/2026, mediante la cual el Gobierno eliminó subsidios a empresas de transporte de larga distancia para pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. Ese punto suma otro frente de reclamo dentro de la misma agenda de acceso a derechos.
La Cámara Federal deberá resolver ahora si confirma, modifica o revoca la cautelar dictada en Córdoba. Mientras tanto, la orden de pago continúa vigente y mantiene abierta una obligación concreta para el Estado nacional. El desenlace inmediato será clave para prestadores y familias que dependen de la continuidad de tratamientos, medicamentos y servicios esenciales.
Fuente: N A
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