El plan de Nación para privatizar Chapadmalal por 30 años desató un choque con la Provincia
Política31/05/2026
REDACCIÓNLa intención del Poder Ejecutivo nacional de reconfigurar la administración de los hoteles de turismo social derivó en un reclamo legal por el control del patrimonio edificado en la costa atlántica.
La gobernación de la provincia de Buenos Aires formalizó una petición para exigirle a la Casa Rosada la transferencia inmediata y definitiva de todo el complejo balneario bonaerense. El objetivo declarado por el gobierno provincial es frenar los planes de concesión privada que impulsa el área económica central y sostener los viajes subsidiados para sectores populares.
La propuesta de reestructuración elaborada por la administración de La Libertad Avanza contempla un retiro total del financiamiento público para el sostenimiento de las estructuras fundadas a fines de la década de 1950. Los lineamientos de la Secretaría de Turismo prevén entregar las instalaciones a operadores comerciales del sector privado mediante contratos de explotación con un plazo de vigencia de 30 años. La justificación de la jefatura de gabinete se ampara en la necesidad de incorporar capitales privados para tareas edilicias y cortar los gastos de mantenimiento operativo.
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Las modificaciones en las pautas de funcionamiento vinieron acompañadas por una reducción de los planteles de operarios que cumplían funciones operativas diarias en los establecimientos. Los cómputos de las distintas representaciones gremiales y los relevamientos de la actividad determinaron que entre 101 y 103 personas sufrieron despidos o pasaron a disponibilidad dentro del esquema laboral de los hoteles costeros y mediterráneos. La readecuación de las dotaciones afecta tanto al personal que revistaba bajo modalidades contractuales temporarias como a los agentes de planta permanente.
El Ministerio de Producción bonaerense adoptó una postura de confrontación directa frente a las medidas de reordenamiento presupuestario coordinadas por las carteras federales. Las segundas líneas de la administración provincial ratificaron el rechazo a cualquier medida tendiente a rematar la infraestructura histórica para el beneficio de corporaciones particulares. “Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, fundamentó el titular de la cartera productiva, Augusto Costa, al justificar los motivos del pedido de traspaso jurisdiccional.
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El funcionario del gobierno provincial apuntó contra la desarticulación de los derechos de acceso al descanso para los jubilados, estudiantes y familias de sectores de menores ingresos. El ministro bonaerense advirtió que la gestión local mantendrá los reclamos administrativos pertinentes para impedir que las dependencias públicas sufran modificaciones que desvirtúen su rol social original. “No van a permitir que 'rematen la historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios'”, enfatizó Costa en alusión a las proyecciones de explotación comercial del predio.
El origen de la disputa conceptual se asienta en las acusaciones lanzadas por el propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien vinculó la parálisis de los servicios hoteleros a una maniobra corporativa de especulación de tierras. El mandatario provincial denunció los intentos de establecer un “negocio inmobiliario” detrás de las unidades turísticas de Chapadmalal que la administración central busca modificar. Las agrupaciones sindicales locales acompañaron las expresiones del Ejecutivo denunciando un proceso deliberado de vaciamiento material que antecede a las licitaciones públicas.
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Las reformas en marcha se ejecutan bajo la supervisión técnica de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entidad encargada de relevar los inmuebles de dominio público nacional. Los inspectores de dicho organismo avanzan con el inventario de las instalaciones balnearias del mar Argentino de manera simultánea a los cambios que se aplican en la provincia de Córdoba. Los gremios del sector denunciaron que el retiro de las prestaciones estatales anticipa la clausura definitiva de los programas de turismo social creados durante el primer peronismo.
El escenario de reestructuración del patrimonio nacional se extiende hacia la Unidad Turística de Embalse, el otro gran complejo de veraneo histórico afectado por la reconversión de las políticas federales. La administración de los hoteles mediterráneos cordobeses fue derivada por completo a la órbita de control de la mencionada agencia estatal de liquidación patrimonial. La parálisis de las actividades en las sierras cordobesas replica el escenario de parálisis que se constata en los balnearios bonaerenses, sumando presiones sobre las economías de los municipios turísticos dependientes del movimiento estacional.
La falta de resoluciones oficiales escritas por parte de las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado mantiene en suspenso el destino final de las tierras fiscales en el interior del país. Los municipios involucrados y las gobernaciones provinciales aguardan precisiones técnicas para determinar si los predios mantendrán su destino recreativo o ingresarán en subastas públicas para su urbanización privada. La subsistencia de los puestos de trabajo remanentes y la viabilidad de las economías locales dependerá del desenlace de este choque judicial entre las provincias y la Nación.
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