El Senado destrabó un conflicto de décadas que mantenía activos embargos sobre bienes argentinos
Política04/06/2026
REDACCIÓNLa Cámara alta aprobó un acuerdo por 171 millones de dólares con dos acreedores que permanecían fuera de los canjes de deuda. La discusión expuso visiones opuestas sobre el costo, la legalidad y las consecuencias futuras de la decisión.
Acciones de Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e incluso participaciones vinculadas a YPF quedaron en el centro del debate parlamentario que terminó con la aprobación de un acuerdo destinado a cerrar dos litigios que seguían abiertos en tribunales de Estados Unidos. La votación reunió 40 votos afirmativos y 22 negativos, suficiente para que la iniciativa continúe ahora su recorrido en la Cámara de Diputados.
La discusión no giró únicamente alrededor de una cifra. Los senadores debatieron sobre las consecuencias de sostener causas judiciales iniciadas por acreedores que quedaron fuera de los procesos de reestructuración posteriores al default de 2001 y sobre el impacto que esos expedientes mantenían sobre activos estratégicos del Estado argentino. La aprobación legislativa habilita un mecanismo que apunta a desactivar esas acciones judiciales y los embargos asociados.
El entendimiento involucra a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP., dos de los últimos holdouts que conservaban reclamos activos contra el país. Como resultado de la conciliación alcanzada ante la Justicia estadounidense, Argentina deberá desembolsar 67 millones de dólares para la primera firma y 104 millones para la segunda, totalizando 171 millones de dólares.
La propuesta llegó al recinto luego de un recorrido accidentado. Había formado parte del temario tratado el 14 de mayo, pero modificaciones técnicas introducidas sobre el texto original provocaron cuestionamientos opositores y forzaron un regreso a comisión. Ese paso adicional demoró el tratamiento y trasladó la definición a una nueva sesión, donde finalmente obtuvo respaldo mayoritario.
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Una parte importante de la defensa oficialista se concentró en los efectos prácticos del acuerdo más que en el monto comprometido. El miembro informante Agustín Monteverde sostuvo que "este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina" y remarcó que los acreedores aceptan no promover nuevas demandas ni interferir en futuras operaciones de financiamiento.
La misma línea argumental apareció en otras intervenciones del bloque libertario. Monteverde afirmó que "esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listaado de morosos", mientras que la senadora Patricia Bullrich destacó que el levantamiento de las órdenes de entrega sobre acciones estatales elimina una amenaza que seguía vigente sobre distintos activos nacionales.
La oposición peronista planteó objeciones desde otra perspectiva. Jorge Capitanich cuestionó el criterio utilizado para cerrar el litigio y sostuvo que "estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts". También expresó reparos sobre la información disponible y sobre la posibilidad de verificar los términos económicos de la negociación.
Dentro de esos cuestionamientos apareció además una discusión jurídica más amplia. Capitanich consideró que el acuerdo introduce elementos que podrían entrar en conflicto con principios promovidos por Argentina en organismos internacionales para regular las reestructuraciones de deuda soberana. A la vez, señaló diferencias entre la cesión de jurisdicción y la inmunidad soberana, dos aspectos que históricamente formaron parte de los litigios financieros internacionales.
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Más allá de las diferencias políticas, algunos legisladores que acompañaron el proyecto hicieron foco en el resultado económico esperado. El catamarqueño Guillermo Andrada justificó su apoyo al señalar que el entendimiento representa "un ahorro" para el Estado y contribuye a mostrar una conducta responsable frente a los compromisos asumidos. Desde el oficialismo también remarcaron que los acreedores aceptaron absorber los costos legales derivados de las demandas.
El esquema acordado contempla el mecanismo internacional conocido como Entrega contra Pago (DVP). Bajo esa modalidad, la liberación de los fondos ocurre simultáneamente con la cancelación de los bonos involucrados en la controversia. Además, incorpora una cláusula de standstill que impide a los acreedores iniciar nuevas acciones judiciales o interferir en operaciones financieras argentinas mientras el proceso permanece en ejecución.
La definición legislativa todavía necesita una instancia más. El texto deberá obtener sanción en la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, fecha límite fijada luego de que la Justicia estadounidense concediera una prórroga al Gobierno argentino. Si ese plazo no se cumple, el entendimiento alcanzado para cerrar los litigios quedará sujeto a una nueva etapa de incertidumbre jurídica y financiera.
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