Uber divide al Concejo y apuran una definición por los choferes que trabajan sin reglas

Chubut05/06/2026

La regulación de las aplicaciones de transporte volvió a tensionar la agenda política de Puerto Madryn. En el Concejo Deliberante, la discusión ya no gira sólo en torno a la posible llegada formal de Uber, Didi o Cabify, sino también sobre qué hacer con una actividad que ya existe y que hoy funciona sin un marco claro.

La concejala Andrea Rueda reclamó acelerar el tratamiento del proyecto que busca ordenar el funcionamiento de estas plataformas en la ciudad. Su planteo apunta a que el Estado municipal deje de mirar el tema como una discusión futura y asuma que actualmente hay personas que prestan el servicio a través de aplicaciones.

“Hay gente que tiene que trabajar y hoy está la clandestinidad. Nosotros eso no lo podemos avalar”, expresó la edil durante el debate. La frase sintetiza uno de los puntos más sensibles de la discusión: la existencia de trabajadores que encuentran en las plataformas una salida laboral, pero que al mismo tiempo quedan expuestos a controles, sanciones o persecuciones por falta de regulación.

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Para Rueda, el Concejo debe construir una normativa que dé previsibilidad tanto a los conductores como a los usuarios. En esa línea, sostuvo que quienes trabajan con aplicaciones “no quieren trabajar de clandestinos ni que los persigan”, y pidió que el expediente tenga tratamiento cuanto antes.

El debate genera posiciones enfrentadas entre los distintos sectores del transporte. Por un lado, conductores vinculados a las aplicaciones y usuarios que reclaman mayor oferta sostienen que la regulación permitiría ampliar alternativas de movilidad en Puerto Madryn. Por otro lado, taxistas y remiseros advierten que cualquier nuevo servicio debe cumplir las mismas exigencias que ellos afrontan para poder operar.

La tensión también alcanza a los trabajadores tradicionales del sistema. Rueda aclaró que el pedido de una definición rápida no proviene únicamente de quienes impulsan las plataformas digitales, sino también de choferes de taxis y remises que reclaman certezas frente a un escenario que consideran cada vez más incierto.

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“También los choferes de taxi y los choferes de remís están pidiendo que esto se trate cuanto antes”, señaló la concejala. Esa presión cruzada muestra que la falta de una norma no conforma a ninguno de los sectores involucrados y deja abierta una competencia sin reglas estables.

Durante el análisis del proyecto, los concejales tomaron como referencia antecedentes judiciales de otras ciudades del país. Rueda mencionó fallos registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, donde la actividad de las aplicaciones ya fue discutida durante años y generó jurisprudencia.

“Hay fallos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de diez años y también fallos en Córdoba. Tenemos jurisprudencia y antecedentes donde apoyarnos”, indicó. Para la edil, esos antecedentes pueden servir como base para diseñar una ordenanza local que contemple las particularidades de Puerto Madryn.

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El reclamo por celeridad aparece en un momento en el que la ciudad discute cómo adaptar su sistema de transporte a nuevas formas de contratación y uso del servicio. La falta de regulación mantiene a los usuarios, conductores de aplicaciones, taxistas y remiseros dentro de una misma incertidumbre, aunque con intereses muchas veces contrapuestos.

“Apelo a la celeridad para que tenga pronto tratamiento”, planteó Rueda ante sus pares. La definición que tome el Concejo Deliberante podría modificar el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros y ordenar una actividad que, según admiten en el propio debate legislativo, ya forma parte de la realidad cotidiana de la ciudad.