El patrimonio de Julio De Vido va a juicio oral por sospechas de enriquecimiento

La máxima instancia penal rechazó los planteos de la defensa del exministro. El proceso abarca catorce años e involucra a su esposa como presunta partícipe.

Un tribunal oral y público revisará las cuentas del exministro de Planificación Federal en un debate sobre la estructura económica de su entorno íntimo. La resolución de la Cámara Federal de Casación Penal clausuró las impugnaciones de las defensas y validó la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. Los magistrados dieron por cerrada la etapa de recolección de pruebas, abriendo camino a la discusión pública de los bienes acumulados.

Los jueces de la Sala IV desactivaron las quejas técnicas de los abogados defensores al recordar que un procesamiento "no equivale a una sentencia definitiva". Con este argumento, Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky firmaron el rechazo que sepultó las intenciones de frenar la causa patrimonial. La figura jurídica aplicada por el tribunal impone de manera directa la necesidad de justificar el origen de los recursos utilizados para adquirir los bienes observados por los peritos contables.

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El alcance de la acusación penal abarca tanto al exmiembro del gabinete nacional como a su círculo familiar directo, señalado como pieza central de la maniobra. La justicia considera a Alessandra Minnicelli, esposa del exfuncionario, como una "partícipe necesaria" en el presunto esquema de acumulación de bienes. Asimismo, los investigadores incorporaron al expediente a Juan Manuel Sebastián Pérez y Susy Inés Bello Knoll bajo la sospecha formal de actuar como presuntos testaferros de la pareja.

El período bajo la lupa de los peritos oficiales abarca catorce años de gestión pública continua, específicamente entre los años 2003 y 2017. Esta extensa investigación patrimonial comenzó su trámite en los tribunales de primera instancia bajo la dirección del juez federal Sebastián Casanello. El magistrado recolectó los primeros informes comerciales antes de que la Cámara Federal porteña convalidara la hipótesis de un crecimiento patrimonial "apreciado e injustificado".

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El expediente intenta probar que la red de compras superó ampliamente las declaraciones juradas tradicionales presentadas por los sospechosos ante los organismos de control. Los presuntos testaferros aportaron supuestamente sus nombres y estructuras societarias para disimular la titularidad real de inmuebles, vehículos o cuentas bancarias. La fiscalía demostrará en las audiencias del juicio que estos intermediarios carecían de capacidad financiera propia para justificar semejantes movimientos de dinero.

Esta nueva complicación en los tribunales federales encuentra a Julio De Vido bajo un régimen de prisión domiciliaria. El exfuncionario de Planificación estuvo alojado previamente en el penal de Ezeiza en cumplimiento de la pena impuesta por su responsabilidad en la causa de la tragedia de Once. Si bien esta confirmación de Casación conserva intactas las condiciones de aquella condena previa, abre un frente simultáneo que ensombrece su futuro ante un eventual veredicto adverso.

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Las defensas de los cuatro imputados intentaron agotar las instancias de apelación extraordinaria para evitar el banquillo de los acusados. La resolución firmada en los tribunales de Comodoro Py desestimó esos recursos al argumentar que el debate oral constituye el ámbito natural para saldar las dudas sobre los bienes. El rechazo de la queja consolida la posición de los acusadores públicos, quienes ya preparan las carpetas contables para las audiencias de debate.

La fiscalía defenderá la hipótesis criminal frente a un tribunal colegiado que evaluará los balances anuales de los catorce años imputados. Los peritajes contables y las declaraciones de los testigos convocados servirán de base para definir si el crecimiento económico familiar tuvo un origen lícito. Las defensas, por su parte, impugnarán los informes técnicos que señalan una supuesta inconsistencia entre los ingresos y los gastos reales del matrimonio.

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La confirmación de Casación acelera los tiempos procesales de una de las causas más antiguas que arrastra el exministro en los pasillos de Retiro. El tribunal oral que resulte sorteado fijará la fecha para el inicio de las audiencias, un trámite que habitualmente sufre demoras por la agenda de las salas federales. Hasta el inicio de los debates y el análisis definitivo de las pruebas, el destino de los bienes y la situación penal de los cuatro procesados permanecerán bajo una estricta expectativa judicial.

Fuente: NA.