Tapia prorrogó hasta 2030 el contrato de la AFA con la firma vinculada a Faroni

Actualidad07/06/2026

La extensión con TourProdEnter fue firmada más de un año antes del vencimiento y quedó bajo la lupa judicial por el manejo de fondos en el exterior.

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política por el contrato que mantiene con TourProdEnter LLC, la firma vinculada al productor Javier Faroni y a Erica Gillette. Según una investigación periodística, el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, prorrogó de manera anticipada el vínculo hasta 2030 y, además, amplió las facultades de la empresa para intervenir en operaciones financieras en el exterior.

La firma de la extensión se produjo el 15 de octubre de 2025, más de un año antes de que venciera el contrato anterior, previsto para diciembre de 2026. Ese dato quedó bajo especial atención porque la renovación se habría concretado en un momento previo al avance de la investigación judicial sobre el manejo de fondos de la AFA y sus principales directivos. Para los investigadores, la anticipación del acuerdo es uno de los puntos que requiere mayor explicación.

El contrato original con TourProdEnter ya había sido señalado como una pieza clave del expediente. La firma, con sede en Miami, había sido designada para canalizar ingresos comerciales internacionales de la AFA y percibía una comisión del 30% sobre esos fondos, además de un 10% adicional por logística. La nueva prórroga no solo mantuvo ese esquema económico, sino que habría ampliado el rol operativo de la empresa.

De acuerdo con los documentos publicados, TourProdEnter pasó de funcionar como agente comercial y de cobro a tener atribuciones más amplias sobre pagos vinculados a la entidad. Entre esas facultades aparecen la posibilidad de administrar pagos de la AFA en el exterior, ejecutar órdenes de pago a terceros por cuenta y orden de la asociación, transferir fondos o incluso realizar pagos mediante bonos de deuda soberana argentina.

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La renovación fue firmada por Tapia y por el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina. Según la publicación, el acuerdo no habría sido incluido en el temario del Comité Ejecutivo ni informado de manera expresa en la asamblea ordinaria posterior. Ese nivel de reserva forma parte de los cuestionamientos, especialmente porque la entidad mencionó la existencia de un contrato vigente cuando fue consultada por la Justicia, pero sin detallar la prórroga hasta 2030.

El caso se desarrolla en medio de una investigación más amplia sobre el presunto manejo irregular de fondos de la AFA fuera del país. El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff sostuvo que la forma y el momento de la extensión podrían revelar una maniobra orientada a dificultar la trazabilidad del dinero. En esa línea, el expediente busca determinar el origen, destino y registración de fondos que debían ingresar al patrimonio de la asociación.

Las sospechas también apuntan a la estructura societaria y operativa de TourProdEnter. Según las publicaciones que forman parte del caso, la empresa aparece vinculada a Faroni y Gillette, y fue constituida en Estados Unidos antes de comenzar a operar con fondos internacionales de la AFA. Además, se informó que la dirección declarada en Miami presentaba inconsistencias, un elemento que los investigadores observan para evaluar la real capacidad operativa de la firma.

La AFA, por su parte, habría justificado la continuidad del vínculo en la “buena performance” de TourProdEnter. Sin embargo, el dato que genera mayor tensión es que la ampliación de facultades se firmó cuando ya existían antecedentes, cuestionamientos y movimientos judiciales sobre el circuito de fondos en el exterior. Esa secuencia alimenta las dudas sobre si la prórroga buscó garantizar continuidad operativa o blindar un esquema bajo investigación.

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La causa también tiene impacto directo sobre los clubes argentinos, ya que los ingresos comerciales internacionales de la AFA forman parte de un flujo económico relevante para el sistema del fútbol. Si la Justicia determina que hubo desvíos, omisiones contables o pagos sin respaldo suficiente, el perjuicio podría alcanzar a la estructura financiera de la entidad y a los recursos que deberían fortalecer a sus afiliados.

Uno de los puntos más sensibles de la nueva extensión es la posibilidad de ceder el contrato a sociedades afiliadas en cualquier jurisdicción. Esa cláusula podría ampliar todavía más el circuito de intermediarios y dificultar el seguimiento de operaciones si no existe un control documental preciso. Para la Justicia, ese tipo de herramientas contractuales será clave para reconstruir quién administró los fondos, bajo qué instrucciones y con qué destino final.

El caso coloca nuevamente a Chiqui Tapia bajo presión pública. Mientras la Selección argentina y la AFA mantienen una fuerte exposición internacional, la investigación judicial avanza sobre una zona menos visible: los contratos comerciales, las comisiones, los pagos fuera del país y las sociedades utilizadas para canalizar ingresos. La prórroga hasta 2030 convirtió ese vínculo en un elemento central del expediente.

Por ahora, las acusaciones se mantienen en etapa de investigación y deberán ser probadas judicialmente. Lo concreto es que el contrato con TourProdEnter pasó de ser un acuerdo comercial reservado a convertirse en una pieza de alto valor probatorio. La extensión anticipada, las nuevas facultades otorgadas y la falta de publicidad interna son los ejes que explican por qué la relación entre la AFA y la empresa de Faroni quedó en el centro de la causa.