El oficialismo concentra dos debates con sanciones para gestores de intereses, beneficios fiscales y estabilidad por 30 años para nuevas industrias.
Mil millones de dólares marcan la puerta de entrada al nuevo régimen que el Gobierno quiere llevar al recinto. El proyecto apunta a inversiones de gran escala en industrias tecnológicas, con beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. En paralelo, la Casa Rosada empuja una ley para registrar las gestiones privadas ante funcionarios y legisladores.
La Cámara de Diputados retoma este 10 de junio dos discusiones que cruzan economía, política y control público. A las 11 figura el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. A las 14 aparece la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el “Súper RIGI”.
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El oficialismo busca ordenar la Cámara baja en una semana marcada por ruidos internos dentro del propio Gobierno. La actividad parlamentaria llega con Patricia Bullrich instalada en la agenda del Senado y con un perfil autónomo que incomoda a la Casa Rosada. Diputados queda así como el terreno donde el Gobierno intenta recuperar volumen legislativo con dos proyectos de alto impacto.
La hoja de ruta que recibió Martín Menem apunta a dictaminar la semana próxima. La intención oficial es que los plenarios vuelvan a reunirse el miércoles siguiente para dejar los textos listos. La votación quedaría para la sesión prevista el 24 de junio, junto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.
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La ley de “lobby” propone ordenar una práctica que hoy se mueve con baja visibilidad pública. El texto toma como referencia el modelo estadounidense y crea un Registro Público de Gestiones e Intereses. Allí deberán inscribirse lobistas, clientes, beneficiarios y asuntos tratados en cada contacto con el Estado.
El registro también obligará a detallar fecha, hora, modalidad del contacto y dependencia donde se realizó la gestión. Los funcionarios del Ejecutivo y del Congreso deberán publicar sus audiencias con gestores de intereses. Esa obligación conecta el control sobre privados con la rendición de cuentas de quienes toman decisiones públicas.
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El capítulo sancionatorio le da densidad penal y económica al proyecto. Las infracciones podrán recibir multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobista. La representación clandestina de intereses extranjeros tendrá pena de seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El “Súper RIGI” apunta a otro tablero: inversiones de gran escala en sectores excluidos del RIGI original. El listado incluye industrialización de litio y uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial. El proyecto define ese universo como industrias de “frontera” tecnológica.
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El umbral mínimo de inversión sube de manera fuerte respecto del esquema aprobado en la Ley Bases. El RIGI original partía de 200 millones de dólares, pero este nuevo régimen exige 1.000 millones de dólares. A cambio, ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años.
El diseño también restringe quiénes pueden entrar. El texto excluye proyectos de recursos naturales, infraestructura y emprendimientos existentes que busquen ampliarse. La fuente parlamentaria sintetiza la diferencia temporal con una frase concreta: “tiene un plazo más largo de 5 y 1”, en referencia a cinco años de vigencia y uno adicional de prórroga.
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El paquete de beneficios concentra rebajas impositivas y facilidades financieras. Ganancias bajaría al 15%, las inversiones tendrían amortización acelerada y las empresas accederían a certificados de crédito fiscal para cancelar IVA. También se propone una alícuota única del 10% en contribuciones patronales, exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta llegar al 100% al tercer año.
El oficialismo calcula que ambos proyectos pueden reunir apoyos entre sectores dialoguistas. La ley de “lobby” encuentra coincidencias por la necesidad de terminar con zonas opacas en la relación entre intereses privados y Estado. El “Súper RIGI” parte de un antecedente favorable, porque el régimen original consiguió votos en 2024 dentro de un Congreso más adverso.
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La sesión del 24 de junio aparece como el punto de prueba para la estrategia legislativa. Los dictámenes deberán mostrar si el Gobierno logra convertir el tratamiento en votos concretos. La consecuencia pendiente será política y económica: saber si Diputados habilita un régimen de privilegios prolongados para nuevas industrias mientras regula la influencia privada sobre el poder público.
Fuente: NA.
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