Gobierno y universidades cerraron un acuerdo, pero sigue la demanda en la Corte

La propuesta incluye una recomposición salarial en dos tramos, fondos para hospitales universitarios y una suba en las Becas Manuel Belgrano.

El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional sellaron un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. La firma del entendimiento se concretó este martes al mediodía, luego de semanas de negociaciones entre funcionarios, rectores y representantes del sistema universitario.

El acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos etapas. El primer tramo será del 21,33% en julio y el segundo, del 3%, se aplicará en octubre. La actualización busca compensar parte de la pérdida acumulada por docentes y no docentes en los últimos períodos.

Según el esquema discutido entre las partes, la recomposición incluye 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto destinado a compensar el deterioro acumulado hasta mayo de 2026. También quedó prevista una instancia paritaria con los gremios universitarios para avanzar sobre los detalles de implementación.

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La firma del acta representa un avance en una de las disputas más sensibles entre la Casa Rosada y las universidades públicas. Sin embargo, no implica el cierre completo del conflicto, ya que el CIN mantendrá la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.

Los rectores hicieron saber que no retirarán el reclamo judicial, pese al acuerdo económico alcanzado. Ese punto marca una diferencia de fondo con el Ejecutivo, que sostiene que la continuidad de la demanda resulta incompatible con un entendimiento presupuestario entre las partes.

Además de los salarios, el acuerdo incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a promover el acceso, la permanencia y la finalización de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. También se incorporó un financiamiento de $50.000 millones para hospitales universitarios.

Las conversaciones abarcaron además la situación del personal docente de los colegios preuniversitarios, donde el deterioro salarial se profundizó por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese reclamo forma parte de la agenda pendiente entre el Gobierno, las universidades y los gremios.

Desde las organizaciones sindicales, la reacción fue cautelosa. Algunos sectores señalaron que esperaban una convocatoria formal a paritarias y pidieron que los compromisos queden plasmados en instrumentos claros. La desconfianza persiste después de varios meses de tensión, medidas de fuerza y reclamos públicos.

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La causa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario mantiene una medida cautelar favorable a las universidades, aunque actualmente se encuentra suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene un plazo establecido para pronunciarse.

El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso incrementa el gasto público sin identificar una fuente específica de financiamiento. Por ese motivo, insiste en que la discusión sobre las partidas universitarias debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.

Las universidades, en cambio, sostienen que el acuerdo salarial y presupuestario no reemplaza el cumplimiento de la ley vigente. Para los rectores, la recomposición alcanzada permite atender parte de la urgencia, pero no resuelve el planteo de fondo sobre la obligación del Estado de financiar el sistema universitario.

El conflicto universitario tuvo en los últimos meses movilizaciones, clases públicas, paros y protestas estudiantiles. Centros de estudiantes, gremios docentes y organizaciones de la comunidad universitaria reclamaron una definición judicial y advirtieron sobre el impacto del ajuste en el funcionamiento de las casas de estudio.

Con el acuerdo firmado, el Gobierno busca descomprimir la tensión inmediata y ordenar la discusión salarial. Sin embargo, la continuidad de la demanda ante la Corte mantiene abierto el capítulo institucional y presupuestario más importante: qué ocurrirá con la Ley de Financiamiento Universitario y cómo se definirá el esquema de fondos para los próximos años.