El Gobierno Nacional informó que expulsó a 14.000 extranjeros en seis meses

Alejandra Monteoliva vinculó la cifra con controles en fronteras, aeropuertos, puertos y operativos federales realizados en distintos puntos del país.

El Gobierno nacional informó que en los últimos seis meses expulsó a 14.000 extranjeros como resultado de controles migratorios y operativos realizados en distintos puntos del país. La cifra fue comunicada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de un video publicado en sus redes sociales. El dato forma parte de la política oficial de endurecimiento de los controles sobre ingresos, permanencia y antecedentes de personas extranjeras.

La funcionaria resumió el criterio del Gobierno con una frase que marcó el tono del anuncio. Sostuvo que “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley”. Esa definición buscó diferenciar a quienes cumplen las normas migratorias de los casos que el Ejecutivo incluyó dentro de los procedimientos de expulsión, inadmisión, captura o extradición.

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La lista mencionada por Monteoliva abarca situaciones de distinta gravedad legal. Entre los expulsados hay personas con antecedentes penales, ciudadanos alcanzados por alertas rojas de Interpol, individuos con impedimentos legales para ingresar al país y extranjeros extraditados. También se incluyeron casos de personas que intentaron entrar o permanecer en territorio argentino sin cumplir la normativa migratoria vigente.

El número difundido ahora representa un incremento respecto de las cifras comunicadas a comienzos de año por el Ministerio de Seguridad. En enero, la cartera había informado cerca de 5.000 extranjeros expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados durante los primeros meses de la nueva política de control migratorio. La actualización eleva ese registro a 14.000 casos en un período de seis meses.

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El Gobierno atribuye el crecimiento de los procedimientos al refuerzo de controles en puntos sensibles de ingreso y circulación. La estrategia incluye aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, además de operativos en distintas zonas del territorio nacional. Esa combinación permite actuar tanto sobre personas que buscan ingresar al país como sobre aquellas que ya se encuentran dentro de Argentina.

Las fuerzas federales tuvieron participación directa en los procedimientos mencionados por la cartera de Seguridad. El despliegue apunta a identificar situaciones migratorias irregulares, pedidos judiciales pendientes o impedimentos legales vinculados con antecedentes. En esa línea, el Gobierno intenta presentar los controles como una herramienta de seguridad pública y ordenamiento administrativo.

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Uno de los operativos citados ocurrió en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza. Allí, efectivos de la Policía Federal identificaron a 458 personas durante un procedimiento de control. Del total, 369 eran extranjeras y 16 fueron detectadas en situación migratoria irregular.

Ese caso fue utilizado como ejemplo del tipo de intervención que el Ministerio de Seguridad busca sostener en distintos puntos del país. La identificación de personas en espacios de alta circulación permite detectar documentación pendiente, irregularidades de permanencia o restricciones de ingreso. También alimenta las estadísticas oficiales que el Gobierno difundió como resultado de su política migratoria.

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El anuncio se inscribe en una agenda nacional que combina seguridad, control fronterizo y cumplimiento de la normativa migratoria. La cartera conducida por Monteoliva coloca el foco en quienes registran antecedentes, alertas internacionales o impedimentos legales. La comunicación oficial evita presentar la medida como una acción general contra residentes extranjeros y la vincula con casos alcanzados por controles específicos.

El dato central queda en el salto de la cifra oficial durante el primer semestre. De los cerca de 5.000 casos informados en enero, el Gobierno pasó a reportar 14.000 expulsiones y procedimientos vinculados en seis meses. El alcance real de la política dependerá de la continuidad de los operativos, los controles en puntos de ingreso y la revisión de situaciones migratorias detectadas por las fuerzas federales.