Investigan si fondos de escuelas financiaban a la red de clínicas truchas
Policiales20/06/2026
REDACCIÓNEl caso "Argentina Salud" suma la citación de directoras por unos 30 contratos sospechosos. La fiscalía busca determinar si los pagos salían de las cooperadoras o del Consejo Escolar.
Las autoridades judiciales centran sus esfuerzos operativos en determinar el origen de los recursos económicos que sostenían la estructura comercial de los centros asistenciales apócrifos. La fiscalía comenzó a convocar de manera formal a los cuadros directivos de diversos establecimientos educativos de la zona oeste que firmaron convenios de cobertura para emergencias estudiantiles. Las auditorías contables apuntan a verificar la ruta del dinero utilizado para abonar los abonos mensuales de una firma que carecía de todo tipo de habilitación legal y sanitaria para ejercer la medicina.
La derivación administrativa del expediente penal busca establecer las responsabilidades de los organismos de control estatal en la convalidación de estos prestadores ficticios. La representación legal de los damnificados impulsó requerimientos formales dirigidos a las esferas de la gestión pública educativa local para revisar las partidas de gastos de los últimos períodos. Según explicó la abogada defensora Leila Gianni, la estrategia busca clarificar los mecanismos de financiamiento debido a que "se está requiriendo de nuestro lado un informe al Consejo Escolar de La Matanza, porque hay que saber si la plata de los contratos salía de la cooperadora o del Consejo".
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La red delictiva, que utilizaba como fachada el lema corporativo "Sabemos y amamos lo que hacemos", logró penetrar el tejido institucional de la región mediante la firma de contratos con al menos tres decenas de colegios públicos y privados. El andamiaje delictivo incluía la provisión de prestaciones en especialidades como cardiología y gastroenterología, complementado con el despliegue de cinco ambulancias que realizaban traslados nacionales sin autorización. La sospecha de los investigadores apunta a que dos de los hijos del propietario de la empresa eran los encargados de suscribir los convenios con las escuelas.
La manipulación de instrumental médico y la prescripción de tratamientos farmacológicos se respaldaban en un inventario de cincuenta sellos profesionales clonados a médicos matriculados reales. El quiebre del esquema de encubrimiento se produjo a partir de la denuncia de la especialista en estética Romina Neira, quien detectó el uso no autorizado de sus datos personales en formularios de diagnóstico. En las jornadas recientes, el fiscal de la causa incorporó declaraciones testimoniales de otros facultativos que ratificaron que nunca prestaron servicios en las sedes clausuradas.
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Las maniobras cotidianas dentro de la sucursal de González Catán, ubicada sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 14.900, evitaban la utilización de sistemas informáticos para eludir el rastreo de las consultas espontáneas, las cuales tenían un costo fijo de 40.000 pesos. Los testimonios de los usuarios del barrio exponen que las indicaciones médicas se confeccionaban exclusivamente de forma manuscrita en recetarios de papel genéricos. En muchas ocasiones, el suministro de los remedios se realizaba de manera directa desde los cajones de los escritorios de los falsos profesionales de turno.
La cúpula de la organización criminal cuenta con antecedentes penales severos que agravan su situación procesal ante el juzgado de garantías interviniente. El dueño de los locales, Alberto Rubén Santarceri, de 57 años, registra el cumplimiento previo de una condena efectiva por un delito de homicidio, un antecedente idéntico al de su principal colaborador logístico, Gabriel Musse. Las investigaciones de la policía bonaerense vinculan el pasado de este último sospechoso con el accionar de bandas organizadas dedicadas a la piratería del asfalto en el corredor del conurbano.
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El expediente penal mantiene bajo arresto preventivo a un total de seis personas, incluyendo a la pareja del propietario, Noelia Sofía Edith Luna, a sus hijos Brian Marcelo Santarceri y Nicolás Alberto Santarceri, y a un sexto implicado identificado como Marcelo Bustos. Las calificaciones legales vigentes en la carátula incluyen los delitos de asociación ilícita, usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y venta ilegal de medicamentos de uso controlado. La Fiscalía del doctor Fernando Garate concentra los peritajes en el análisis de las fichas de salud secuestradas en los allanamientos generalizados del 20 de mayo pasado.
La situación judicial de los detenidos podría sufrir un agravamiento significativo en caso de que los exámenes forenses confirmen el nexo causal entre los diagnósticos erróneos y el fallecimiento de pacientes. La familia de un vecino damnificado, llamado Héctor Navarro, se presentó en el rol de particular damnificado tras denunciar que el personal de la clínica trucha no supo interpretar un electrocardiograma que evidenciaba un cuadro de preinfarto inminente. Los parientes de la víctima entregaron los estudios originales que demuestran que el hombre fue enviado a su hogar con una indicación de analgésicos comunes horas antes de morir.
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La querella sostiene que las evidencias reunidas justifican un cambio en la tipificación penal de los hechos para desplazar la figura del homicidio culposo hacia una imputación de mayor gravedad punitiva. Las presentaciones ante la UFI descentralizada 1 de Gregorio de Laferrere exigen que el comportamiento de los responsables sea juzgado bajo la figura de homicidio con dolo eventual, argumentando el conocimiento previo del riesgo de muerte. Las sospechas sobre el funcionamiento de estas sedes clandestinas durante un lustro ininterrumpido abren interrogantes sobre la cobertura política de la que gozaba la organización.
La falta de habilitaciones oficiales por parte del Ministerio de Salud provincial y del colegio médico local alimenta las hipótesis sobre la existencia de una estructura de protección espuria en los niveles de inspección de los distritos. Las líneas de investigación penal no descartan que las sedes de atención médica simularan una actividad lícita con el propósito subyacente de reingresar fondos de origen ilegal al circuito financiero formal. La abogada de la familia Navarro planteó las dudas de la querella al concluir ante la prensa que "se infiere que era un lugar para lavar dinero" y cuestionó el rol de los inspectores de la provincia de Buenos Aires.
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