La Secretaría de Energía extendió la operación de Hidisa hasta el 15 de diciembre o hasta adjudicar una nueva concesión para el complejo mendocino.
Hidroeléctrica Diamante S.A. seguirá operando el complejo ubicado en Mendoza durante la transición hacia una nueva concesión. La Secretaría de Energía dispuso la continuidad de la empresa hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que se concrete la adjudicación mediante un concurso público nacional e internacional. La medida busca evitar un vacío operativo en una infraestructura sensible para el sistema eléctrico.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 145/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. El texto oficial sostiene que la extensión resulta necesaria por razones vinculadas a la seguridad de las personas y de los bienes sobre el río Diamante. La prórroga permite sostener la operación del complejo mientras el Estado completa los pasos técnicos y administrativos de la futura licitación.
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El contrato vigente se remonta al proceso de privatización iniciado en 1994, un dato que explica el peso de la transición actual. La concesión llega a una etapa en la que el Estado debe preparar pliegos, fijar normas de manejo de aguas e identificar inversiones necesarias para extender la vida útil de los activos. Esas tareas demandan plazos que no encajan con una salida inmediata de la actual operadora.
La continuidad no será automática sin una aceptación formal de la empresa. HIDISA deberá remitir una carta de adhesión dentro de los cinco días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma. Ese paso administrativo definirá si la compañía acepta operar bajo las condiciones de la prórroga o si se activa el esquema previsto para una salida ordenada.
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La resolución también contempla el supuesto de que la empresa no adhiera. En ese caso, HIDISA tendrá que mantener la generación eléctrica por al menos 90 días corridos, para que el Estado Nacional asegure la operatividad del sistema y el suministro. La cláusula busca impedir que una decisión empresaria derive en un corte abrupto de la operación hidroeléctrica.
El proceso se desarrolla dentro de la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026. Esa situación le da marco a una decisión que combina administración de contratos, continuidad de servicio y seguridad operativa. La extensión del vínculo con HIDISA aparece como una herramienta de transición mientras se organiza el nuevo esquema concesional.
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La garantía de cumplimiento de contrato deberá mantenerse en al menos un millón de dólares estadounidenses durante el período prorrogado. Ese requisito preserva una cobertura mínima frente a obligaciones operativas y contractuales. La exigencia se suma a otras condiciones destinadas a controlar el estado de los bienes y la ejecución del servicio mientras dure la etapa intermedia.
La concesionaria también deberá presentar un inventario actualizado de bienes y equipos cada cuatro meses. Ese control periódico permitirá conocer el estado de los activos involucrados en la operación, algo relevante cuando se prepara una licitación para un nuevo concesionario. El inventario ordena información técnica que será necesaria para la transición y para los eventuales interesados.
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La norma impone además que HIDISA permita el ingreso a las instalaciones de potenciales interesados en la futura licitación. La medida apunta a que quienes participen del concurso puedan revisar condiciones, infraestructura y necesidades de inversión. La apertura del complejo a visitas técnicas anticipa una competencia por la próxima concesión, aunque la adjudicación todavía no tiene fecha concreta.
El esquema de regalías para Mendoza se mantendrá según los acuerdos vigentes entre la Secretaría de Energía y la provincia. Ese punto resulta central para el distrito donde se encuentra el complejo, porque resguarda la continuidad de los mecanismos económicos asociados a la explotación hidroeléctrica. La prórroga no altera ese esquema provincial, sino que sostiene la operación mientras se prepara la nueva etapa contractual.
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La Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará como veedora del sistema hidroeléctrico durante todo el período de transición. Su rol será seguir la operación, controlar el cumplimiento de las condiciones y acompañar el proceso hasta la adjudicación. La presencia estatal en esa función busca reducir riesgos durante una etapa donde conviven concesión extendida, preparación licitatoria y obligaciones de servicio.
La etapa pendiente estará en la respuesta formal de HIDISA y en la velocidad con la que avance el concurso público nacional e internacional. El límite operativo será atravesar la transición sin afectar la generación ni la seguridad sobre el río Diamante, mientras el Estado define quién quedará a cargo del complejo en el nuevo ciclo concesional.
Fuente: NA.
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