Cada vez más chicos llegan con celular a la primaria, pero prohibirlo no garantiza mejores notas

El teléfono celular dejó de ser un dispositivo reservado para adolescentes y pasó a formar parte de la vida cotidiana de la escuela primaria. En Argentina, el 59% de los alumnos de tercer grado, de alrededor de 8 años, ya tiene un celular propio, mientras que otro 23% utiliza el dispositivo de algún integrante de su familia. En ese escenario, crecen las restricciones dentro de las aulas, aunque los resultados sobre su impacto educativo todavía generan interrogantes.

Los datos corresponden al informe "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", elaborado por Argentinos por la Educación, con la participación de Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada. El trabajo combina información del operativo Aprender 2024, realizado entre estudiantes de tercer grado, con un relevamiento de investigaciones internacionales y de las regulaciones vigentes en distintos países y provincias argentinas.

El crecimiento del acceso a los dispositivos aparece reflejado en casi todo el país. Apenas el 18% de los chicos de 8 años no tiene acceso a un teléfono celular, ya sea propio o compartido con algún familiar. Esa expansión también presenta diferencias regionales. Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego superan el 65% de alumnos con celular propio, mientras que Misiones y Formosa muestran porcentajes cercanos al 40%.

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Las diferencias también atraviesan el nivel socioeconómico. Entre los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos, el 63% posee un teléfono propio, frente al 52% registrado entre quienes integran el quintil de menores recursos. En la escuela secundaria, la presencia de estos dispositivos resulta todavía más extendida: según Aprender 2023, el 90% de los estudiantes cuenta con un celular propio.

Frente a esta realidad, numerosos sistemas educativos comenzaron a limitar el uso de los teléfonos dentro de las escuelas. La principal coincidencia entre las investigaciones internacionales no aparece en los resultados académicos, sino en un aspecto más inmediato: las restricciones reducen el uso del celular y disminuyen las distracciones durante las clases. Las políticas más estrictas logran bajar considerablemente el tiempo de utilización de los dispositivos dentro de la jornada escolar.

Sin embargo, esa reducción del uso no necesariamente deriva en mejores aprendizajes. Algunos estudios registran avances moderados, especialmente entre alumnos con mayores dificultades o pertenecientes a sectores vulnerables, mientras que otros trabajos no encuentran diferencias significativas en el rendimiento académico aun cuando las prohibiciones son estrictas. La evidencia, según el informe, continúa siendo heterogénea.

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Algo similar ocurre con otros indicadores vinculados a la vida escolar. Algunas investigaciones detectan una disminución de episodios de bullying luego de aplicar restricciones al uso de celulares, aunque otros análisis no observan cambios relevantes en la convivencia ni en el clima escolar. Esa falta de resultados uniformes mantiene abierto el debate sobre cuál debe ser el rol de estos dispositivos dentro del sistema educativo.

Mientras tanto, las regulaciones avanzan en distintas partes del mundo. De acuerdo con datos de UNESCO, la proporción de países que adoptó algún tipo de restricción formal pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026. Existen modelos muy diversos: algunos países, como Francia, Países Bajos y Chile, aplican prohibiciones generales; otros, como Brasil, Finlandia y Dinamarca, permiten el uso exclusivamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente. En el Reino Unido, en cambio, cada escuela establece sus propias normas.

Argentina todavía no cuenta con una política nacional unificada. Al menos 11 jurisdicciones, equivalentes al 45% de las provincias, sancionaron leyes, resoluciones o protocolos para regular el uso de celulares en las escuelas, mientras que el resto aún no definió un marco común. CABA, Santa Fe y Formosa establecieron restricciones amplias en primaria, Mendoza autoriza los dispositivos únicamente con fines pedagógicos y la provincia de Buenos Aires concentra sus limitaciones en la escuela secundaria.

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La investigadora del Conicet Andrea Goldin sostuvo que "en la actualidad se prohíbe el uso de teléfonos celulares en ámbitos educativos de distintas partes del mundo, a pesar de que la evidencia existente aún no es concluyente". Además, planteó que "prohibir o no prohibir, esa es la cuestión" y consideró que el desafío consiste en "aprender a usarlas con objetivos pedagógicos claros, no que ellas nos usen a nosotros".

La especialista en educación y cuidados digitales Lucía Fainboim advirtió: "Me preocupa que hayamos naturalizado que un niño de ocho años tenga un celular propio". En la misma línea, Melina Masnatta, experta en tecnología educativa, afirmó: "Más que discutir si prohibir o no, el desafío es preguntarnos cómo mediar el uso de la tecnología con criterios pedagógicos para mejorar la convivencia y los aprendizajes".