El Gobierno busca destrabar un paquete de leyes económicas prioritarias en el Senado durante agosto

Reforma del BCRA, Ley de Propiedad, Súper RIGI y régimen de Zonas Frías, iniciativas clave del Gobierno, enfrentan demoras y falta de acuerdos.

Proyectos de inversión superiores a 1.000 millones de dólares buscan ser captados en Argentina mediante el Súper RIGI, un régimen que el Gobierno busca aprobar en el Senado. Este instrumento promete exenciones impositivas y beneficios aduaneros para industrias de frontera tecnológica. La Libertad Avanza aspira a destrabar su sanción y la de otras iniciativas económicas clave durante el mes de agosto.

El paquete de leyes económicas se encuentra frenado en la Cámara Alta por falta de acuerdos con bloques dialoguistas desde marzo, con la única excepción del acuerdo con fondos buitres. A pesar de haber aprobado leyes como la reforma laboral y Glaciares en sesiones extraordinarias, el oficialismo solo logró sancionar una medida económica en el período ordinario. El Gobierno nacional confía en poder avanzar con estas iniciativas prioritarias al reanudarse la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

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Entre las principales iniciativas que el Gobierno considera fundamentales se encuentran el “Súper RIGI”, la reforma de la Ley de Propiedad Privada y los cambios al régimen de Zonas Frías. También figuran en la agenda prioritaria la reforma de la Ley General de Sociedades y, de manera crucial, la del Banco Central. Esta última busca prohibir el financiamiento al Tesoro, asegurar la independencia de la entidad y fijar como único objetivo la estabilidad de la moneda.

La iniciativa de Propiedad Privada, específicamente la reforma de la Ley de Tierras, fue pospuesta por cuarta vez el pasado 16 de julio debido a diferencias dentro del oficialismo. El Gobierno intentó el jueves pasado cerrar una interna entre el ministro Federico Sturzenegger y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich. Estas disputas internas, sumadas a la falta de respaldo de algunos legisladores dialoguistas, impidieron su tratamiento oportuno.

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Bullrich defendió el jueves pasado un acuerdo con bloques dialoguistas que mantiene el rol de las provincias en la autorización de operaciones con tierras. Este entendimiento establece que cada jurisdicción puede intervenir en la aprobación de ventas a inversores extranjeros e incluso legislar al respecto. La última versión del proyecto prohíbe a Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera comprar tierras sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional.

Se mantuvo la exigencia de autorización provincial y del Poder Ejecutivo Nacional para la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros. Un cambio significativo es la eliminación del artículo de silencio administrativo, que consagraba automáticamente la venta si no había pronunciamiento en seis meses. Este proyecto, que se tratará el 6 de agosto, ya fracasó por falta de acuerdo en cuatro oportunidades.

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En paralelo, el proyecto de ley de Zonas Frías, destinado a limitar subsidios en la Patagonia, Malargüe y la Puna, se aprobó en la Cámara de Diputados el 20 de mayo. Desde el 22 de mayo espera ser tratado en las comisiones de Minería, Energía Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acudió al Senado el 1 de julio para intentar convencer a los aliados, pero no logró destrabar su sanción.

Esta iniciativa es rechazada por un sector del radicalismo, incluyendo a los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, el marplatense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberg, sumado a aliados provinciales. La propuesta elimina el subsidio que desde 2021 se había ampliado a ciudades de 15 provincias, lo que afectará a unos 1.7 millones de hogares al sancionarse la ley. El oficialismo aspira a convertir en ley el Súper RIGI antes de fines de agosto.

Por otra parte, la Ley de Sociedad ingresó al Senado el 29 de mayo y solo tuvo una reunión informativa en la comisión de Legislación General. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso el pasado 24 de junio sobre esta propuesta que busca terminar con la tutela estatal en la organización de los negocios. Así, las normas de la ley pasarán a ser supletorias, otorgando primacía al estatuto de cada sociedad, eliminando trabas burocráticas y permitiendo objetos sociales amplios y plurales.