Impulsan un proyecto para exigir dos tercios de los votos legislativos para ceder tierras públicas
Política17/08/2026
REDACCIÓNLa iniciativa de la oposición busca proteger áreas ambientales estratégicas y transparentar la nómina de adjudicatarios a través de un mapa digital de libre acceso.
Un proyecto de ley impulsado en la Legislatura provincial establece la necesidad de una mayoría especial para poder transferir tierras fiscales consideradas sensibles. La norma exigirá el voto afirmativo de dos tercios de la totalidad de la Cámara de Diputados para enajenar o ceder estos espacios.
Esta condición parlamentaria deberá estar respaldada por dictámenes técnicos, ambientales y económicos de carácter obligatorio que se emitirán antes de la votación. De esta manera, se busca impedir que una mayoría simple pueda disponer de los recursos que pertenecen a la comunidad.
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La propuesta, presentada por los diputados Sergio González y Mariela Tamame, tiene como objetivo frenar el manejo discrecional de la propiedad pública. La iniciativa responde a la proliferación de concesiones opacas en áreas de alto valor ambiental e inmobiliario que generaron consenso sobre la urgencia de fijar límites.
El eje de la reforma es la creación de una plataforma pública de consulta libre y gratuita para desarmar las negociaciones a puertas cerradas. Este sistema de acceso universal permitirá a cualquier ciudadano auditar el inventario exacto de inmuebles estatales, su destino y la identidad de sus tenedores.
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Además, la publicidad de los expedientes funcionará como un mecanismo de control para verificar si los adjudicatarios cumplen con los compromisos de inversión asumidos. La transparencia busca recuperar la confianza institucional sobre el uso que los gobiernos le dan a los inmuebles colectivos.
El cerco normativo se vuelve especialmente severo sobre las denominadas áreas estratégicas del mapa provincial. Entre ellas se encuentran los nacientes de agua, los humedales, las zonas costeras, los bosques nativos y las reservas glaciares. Tampoco podrán ser transferidos por trámites ordinarios los terrenos linderos a las fronteras ni los que contengan yacimientos minerales o energéticos.
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En paralelo, el proyecto plantea reorientar los criterios de adjudicación para favorecer el desarrollo local. El esquema fija prioridades absolutas para los pequeños y medianos productores, así como para las cooperativas de trabajo y las comunidades indígenas arraigadas en la región.
La agenda legislativa responde a reclamos históricos de organizaciones comunitarias que denunciaron la privatización encubierta de espacios naturales. La acumulación de tierras en manos de grandes grupos económicos sin una contraprestación social evidenció la fragilidad de las normativas vigentes.
La fiscalización digital se complementará con un riguroso control sobre la figura del beneficiario final para evitar el uso de sociedades intermedias. La plataforma realizará un seguimiento de los planes de trabajo, y su incumplimiento habilitará la revocación inmediata de la tenencia.
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