Para compensar beneficios fiscales, Nación requiere 38,5% de nuevas inversiones, mientras a provincias receptoras les basta el 17,7%.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) requiere un mayor nivel de inversión adicional para la Nación que para las provincias para compensar su costo fiscal. Según un informe de la consultora EcoGo, si se consideran 39 proyectos potenciales, el punto de equilibrio para el Estado nacional trepa al 44,4%, mientras que para las provincias que alojan las inversiones baja al 13,7%.
El análisis parte de 23 proyectos ya aprobados hasta el 1° de octubre, que implican beneficios fiscales por US$8.493 millones a valor presente. Frente a ese costo, se estima que las iniciativas generarían una recaudación de US$17.499 millones, lo que ubica el punto de equilibrio consolidado en una "adicionalidad" del 32,7%; es decir, casi un tercio de las inversiones deben ser capital que no habría llegado al país sin el régimen.
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Sin embargo, la cuenta cambia al separar las jurisdicciones, ya que de los US$8.493 millones en beneficios, US$6.231 millones corresponden a recursos nacionales. Para la Nación, la adicionalidad necesaria para compensar el gasto tributario es del 38,5%, mientras que en las provincias donde se radican las inversiones el umbral es del 17,7%, gracias al ingreso por regalías.
Esta asimetría se refleja también en la relación entre lo resignado y lo recuperado. EcoGo estima que las provincias receptoras de proyectos recaudan 4,6 veces lo que ceden en impuestos, mientras que para la Nación la recaudación proyectada equivale a 1,6 veces los recursos que deja de percibir por los beneficios otorgados.
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Los 23 proyectos contemplados actualmente suman inversiones anunciadas por US$39.429 millones. El informe sostiene que los incentivos del RIGI elevan la tasa interna de retorno promedio de estas iniciativas del 10,6% al 13,4%, lo que representa la principal ventaja para los inversores.
Por otra parte, el costo fiscal del régimen no se concentra en los primeros años de aplicación. El estudio proyecta que el gasto tributario crecería a medida que las inversiones maduren y llegaría a un máximo cercano a los US$1.600 millones anuales en 2035, cifra que equivale a un 0,25% del PBI actual.
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El escenario se amplía al incorporar otros proyectos identificados que aún no cuentan con toda la información pública, sumando US$87.409 millones adicionales. En este universo de 39 proyectos, los beneficios fiscales se calculan en US$24.175 millones frente a una recaudación generada de US$50.542 millones, manteniendo el punto de equilibrio consolidado en 32,4%.
Finalmente, el análisis de EcoGo señala que los precios internacionales pueden modificar el volumen de las cifras, pero no el equilibrio general. Con los valores récord de agosto, el gasto tributario de los 23 proyectos iniciales subiría a US$12.362 millones, mientras que la recaudación estimada pasaría a US$26.056 millones, moviendo el umbral de adicionalidad solo del 32,7% al 32,2%.
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