Reforma de cabotaje marítimo se traba en el Senado y se evalúan modificaciones

El oficialismo no logró reunir las firmas para el dictamen, lo que abre el debate sobre nuevas propuestas y la participación de la Comisión de Defensa en el análisis.

Empresarios y gremios navieros reclaman que la Comisión de Defensa también intervenga en el análisis de la reforma del cabotaje marítimo. Esta intervención se considera crucial por las consecuencias que la apertura a buques extranjeros podría tener sobre la capacidad operativa de la Marina Mercante nacional. El planteo incorpora una dimensión estratégica que excede la discusión sobre costos y competencia comercial, poniendo en consideración el papel de las tripulaciones y buques argentinos.

La iniciativa del Gobierno nacional propone habilitar la participación de buques extranjeros en el transporte de cargas entre puertos argentinos. Sin embargo, su llegada al recinto del Senado quedó postergada tras no lograr el oficialismo reunir las firmas necesarias para cerrar el dictamen antes del 5 de noviembre.

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La falta de adhesiones se complicó por las ausencias de legisladores libertarios y radicales durante el plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda. Las negociaciones se concentran en el senador santiagueño José «Pichón» Neder, de quien se espera acompañamiento por compromisos vinculados al acuerdo del Norte Grande, que involucra también al gobernador Gerardo Zamora.

En ese marco, comenzó a ganar espacio la posibilidad de introducir cambios al texto original, como el proyecto del senador Jorge Capitanich. Esta iniciativa, denominada Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN), plantea una incorporación gradual de operadores extranjeros sujeta a condiciones, en lugar de una liberalización general.

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Por ahora, la reforma no cuenta con las firmas necesarias ni un camino despejado hacia el recinto, dejando la discusión sobre el futuro del cabotaje abierta. El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para definir cuánto está dispuesto a modificar el texto original y reunir los respaldos parlamentarios.