Aumentan las demandas por cobertura médica y el 60% se resuelve en una semana
Actualidad05/11/2026
REDACCIÓNEl incremento en los juicios expone un sistema de salud en crisis, donde los pacientes recurren a la Justicia ante la insuficiencia de recursos de obras sociales y prepagas.
Cerca del 80% de los amparos relacionados con prestaciones de salud se inician o resuelven mediante medidas cautelares preliminares, de las cuales el 60% se dicta en menos de una semana. Este dato fue revelado en un reciente encuentro organizado por la Fundación de Estudios para la Salud (FESAL), que expuso el creciente conflicto entre pacientes y financiadores.
El acceso a medicamentos y tratamientos esenciales se ha convertido en un punto crítico para el sistema sanitario argentino. La cantidad de expedientes judiciales por prestaciones de salud se cuadruplicó entre 2015 y 2023 en el fuero civil y comercial federal de la Capital Federal, reflejando la magnitud del problema.
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Este aumento de reclamos judiciales coincide con un marcado deterioro en los ingresos de los financiadores de salud. Las cuotas de cobertura médica sufrieron un atraso real del 18% frente a la inflación durante los últimos catorce años y medio. En paralelo, la masa salarial del empleo formal perdió un 33% de su poder adquisitivo en el mismo periodo, afectando directamente los aportes a obras sociales.
La combinación de estos retrocesos representa una pérdida de casi un año completo de recaudación real para la seguridad social y cerca de dos años de ingresos proyectados para los esquemas privados de cobertura. El estancamiento del empleo registrado y el crecimiento del trabajo independiente agravan la situación, ya que sus aportes son frecuentemente insuficientes para tratamientos complejos.
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Los costos médicos también plantean un desafío significativo, con un aumento estimado del 40% por encima del costo general de vida a nivel global, una cifra que no siempre se refleja en los indicadores oficiales. Los medicamentos innovadores y las tecnologías de alto precio concentran entre el 35% y el 50% del presupuesto prestacional total en algunas instituciones, comprometiendo otras obligaciones.
Durante el conversatorio De la judicialización al consenso, los representantes de prestadores y colegios profesionales mencionaron honorarios de consultas médicas particulares de entre 12.000 y 14.000 pesos. Estos valores fueron considerados insuficientes frente a los gastos que implica la actividad médica diaria.
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Los participantes del encuentro de FESAL cuestionaron que el Congreso sancione leyes que amplían las obligaciones de cobertura sin establecer fuentes específicas de financiamiento. También señalaron la desactualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), cuya canasta de prestaciones debería revisarse para incorporar los avances científicos.
Entre las propuestas presentadas, se destacó la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias para analizar tratamientos y dispositivos con criterios científicos y económicos. Además, se sugirió desarrollar un Nomenclador Jurisprudencial que compile sentencias y estudios para facilitar la labor de los jueces, comenzando con patologías de alto costo.
Otro camino apunta a establecer instancias de mediación sanitaria antes de iniciar un juicio y elaborar guías de buenas prácticas para las decisiones cautelares. Se propuso la presentación de historias clínicas completas, acreditación de tratamientos previos y justificación científica de la urgencia para cada prestación, tomando como referencia experiencias internacionales.
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