Senado dio media sanción a ley de carbono: generaría US$3.900 millones anuales
Actualidad06/11/2026
REDACCIÓNRegula el comercio de créditos de carbono y posiciona al país en el mercado internacional que financia ecosistemas, pendiente de aprobación y reglamentación.
Mientras la conferencia de biodiversidad COP17 en Ereván, Armenia, concluyó evidenciando una brecha de financiamiento ambiental a escala global, la Argentina busca avanzar en su propia agenda. El país no presentó su Séptimo Informe Nacional de Biodiversidad en la cumbre, una ausencia que limita su participación en los sistemas de seguimiento de compromisos internacionales.
En ese contexto, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Marco Regulatorio del Mercado de Carbono. La iniciativa establece las condiciones para que los activos ambientales generados por bosques, pastizales y humedales puedan ser reconocidos y comercializados en el exterior, buscando incorporar al país a un mercado de inversiones en reducción de emisiones.
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Durante el debate legislativo, la senadora salteña Flavia Royón estimó que la Argentina podría generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares anuales con una normativa adecuada. Hasta ahora, la falta de reglas para autorizar transferencias internacionales con respaldo estatal concentraba a los proyectos locales en el mercado voluntario, que presenta mayor volatilidad en los precios.
El texto propone la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma pública para identificar proyectos y seguir la trazabilidad de cada unidad. Además, reconoce a los créditos de carbono como bienes inmateriales con valor económico y distingue entre Aportes de Mitigación para el mercado local y Unidades de Resultado de Mitigación Transferibles internacionalmente.
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Este mecanismo es relevante para los compromisos del país en el Acuerdo de París, cuyo artículo 6 contempla las transferencias internacionales de mitigación. También se alinea con el sistema CORSIA, que establece compensaciones para las emisiones de la aviación internacional, donde la autorización del país de origen es clave para el valor comercial de los créditos.
Un antecedente de este potencial es la provincia de Misiones, que ya acumula más de diez millones de créditos verificados con su programa sobre la Selva Paranaense. Sin embargo, estos resultados todavía necesitan el respaldo nacional que la nueva ley busca establecer para poder acceder a segmentos regulados del mercado internacional.
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La arquitectura de la ley reserva a la Nación las autorizaciones internacionales y los ajustes contables, mientras que las provincias mantienen la facultad de gestionar sus recursos naturales. La propuesta deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes de su instancia de reglamentación, que será decisiva para su aplicación.
Entre los riesgos que enfrenta la implementación de la norma figura la posibilidad de que el ReNaRe funcione sin presupuesto suficiente o sin la capacidad técnica necesaria para auditar los proyectos. También se advierte sobre una eventual fragmentación si las provincias adoptan registros y metodologías sin una coordinación obligatoria, lo que podría afectar el valor de los certificados argentinos.
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