Hace cuatro años, la provincia de Santa Cruz fue despojada de esta zona privilegiada, que albergaba una gran cantidad de recursos naturales. Tres estancias, administradas por accionistas clase A, vendieron su participación a un magnate chileno a través de un fraude. Para cubrir esta transacción ilegal, simularon la venta a través de argentinos y pusieron todo en un fideicomiso.

Estas tierras rurales, ubicadas en zonas de frontera, abarcaban una superficie aproximada de 60 mil hectáreas, colindando con una reserva binacional. Su importancia es invaluable, ya que formaron parte de una disputa con la República de Chile que requirió la intervención arbitral de la Santa Sede en 1984. Además, la creación de un parque provincial agravó aún más la situación, ya que desarrollaron que las riquezas naturales y la hermosura de la región son patrimonio originario de las provincias.

Estas 60 mil hectáreas estaban bajo la administración de la empresa "Cielos Patagonia", que prometía su conservación y protección. Sin embargo, la empresa Córpora SA, controladora de Inversores Aluquina, una empresa registrada en Argentina, realizó una oferta de compra a favor de un fideicomiso creado específicamente para adquirir estas estancias. Todo esto se hizo bajo la apariencia de legalidad, pero en realidad se trató de una transferencia ilegal de acciones.

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Desde que se hizo pública esta situación en 2019, los socios minoritarios y la Fiscalía de Estado han luchado para investigar las maniobras realizadas y descubrir quién realmente adquirió el paquete accionario. A pesar de los esfuerzos, la causa no ha avanzado lo suficiente, y la nacionalidad del comprador extranjero complica aún más el proceso legal.

La Ley Nº 26.737, impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández en 2011, establece que las tierras rurales no pueden ser vendidas a personas o empresas extranjeras en cantidades superiores a mil hectáreas en la zona agrícola núcleo. Además, las tierras en manos extranjeras no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental, y por nacionalidad, no pueden superar el 30% de ese 15%.

Sin embargo, en Santa Cruz, un departamento supera el límite establecido por la ley, con el 26,7% de las tierras en manos extranjeras.
La Fiscalía de Estado ha presentado una denuncia para que se investiguen las irregularidades en esta operación y se protejan los recursos naturales de la provincia. Se espera que se cite una declaración indagatoria a todos los involucrados para evitar la prescripción de la acción penal.

Mientras tanto, la situación en la zona es preocupante. El acceso a las tierras está bloqueado por los compradores, impidiendo que el público pueda disfrutar de este paraíso natural. La propiedad privada ha prevalecido sobre el acceso libre a las riberas y costas, violando las leyes provinciales y constitucionales.

Fuente: La Opinión Austral